Dr. Facundo Benegas “Los vecinos con sus impuestos tienen que pagar por aquello que debería hacerse

De acuerdo a la denuncia de la Defensoría del Pueblo en los primeros días de este mes de febrero, dado los cambios de los contratos de PPP (Participación Público Privado) en las concesiones de las rutas, de ahora en más los municipios, y ya no las empresas, deberán cubrir los servicios de primeros auxilios sanitarios y de extinción de incendios en las rutas nacionales que atraviesan sus jurisdicciones.

La Defensoría del Pueblo bonaerense denunció que los cambios que introdujeron los nuevos contratos de Participación Público Privado (PPP) en las concesiones de los corredores viales tendrán un impacto negativo en los municipios bonaerenses, ya que las empresas dejarán de hacerse cargo de los servicios de primeros auxilios sanitarios y de extinción de incendios en estas rutas nacionales que atraviesan la Provincia.

La nueva disposición determinó que, en caso de un siniestro en la ruta, serán los municipios en los que se produzca el hecho los que deban hacerse cargo de los servicios de emergencias que antes le correspondía a las empresas, lo que tendrá un claro impacto en las finanzas comunales.

Esta medida alcanzará a los corredores viales A (rutas nacionales 33 y 226); B (RN 5); C (RN 7); E (rutas nacionales 193 y 9); 2 (RN 188); 8 (RN 8); 18 (RN 12); y Sur (rutas nacionales 3 y 205).

Por lo tanto, los 16 distritos de la Cuarta Sección lindantes a las rutas 5, 226, 33, 7 y 188, pasarán a asumir los costos de los servicios que se prestan para atender un incendio o un accidente vial en las rutas que los circundan.

Ante este escenario, la Defensoría envió notas a todos los municipios afectados y expresó su preocupación por el efecto que tendrá en la calidad de prestación de los servicios de salud y bomberos ante eventuales accidentes, además del costo que demandará estas prestaciones.

En tal sentido, El diputado Mariano Pinedo presentó un pedido de informes en la Cámara Baja en el que cuestionó las nuevas concesiones de rutas nacionales que determinarían responsabilidades extras a municipios, y pidió que sea el Gobierno bonaerense el que se haga cargo de las emergencias en los tramos que cruzan territorio provincial.

El legislador se sumó a un reclamo impulsado por Defensoría del Pueblo, desde donde se viene denunciando que las nuevas concesiones viales de rutas nacionales afectarán a distintos municipios de la provincia que serán los encargados de los servicios de primeros auxilios sanitarios y de extinción de incendios, responsabilidades que antes le cabían a las empresas.

Esta medida alcanzará a los corredores viales A (rutas nacionales 3 y 226); B (RN 5); C (RN 7); E (rutas nacionales 193 y 9); 2 (RN 188); 8 (RN 8); 18 (RN 12); y Sur (rutas nacionales 3 y 20".

"Les aumentan la tarifa a los peajes, los compensan por ‘los efectos’ de la devaluación (como si hubiera sido un hecho climático) y, encima, le sacan la responsabilidad de cuidarte y atender las emergencias que ocurren en las rutas", arremetió Pinedo a través de su cuenta de twitter.

El diputado kirchnerista consideró que "si la responsabilidad de dicho servicio tuviera que ser asumida por los municipios por donde pase la traza de los corredores en cuestión, se debe disponer el traspaso de fondos a los municipios para tal fin".

"Se pretende por un simple argumento economicista, justificar el abandono de personas ante un imprevisto accidente. Riesgo permanente en cualquier camino donde las personas transitan con sus vehículos. No solo estamos ante una sobrecarga innecesaria a las Fuerzas de Seguridad, sino también que se vulneran los derechos de los usuarios", consideró Pinedo en el proyecto presentado.

A este respecto, Radio del Centro consultó al Delegado en Chivilcoy de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Facundo Benegas quien en principio explicó: “Cuando hacen la licitación en Vialidad Nacional y el Ministerio de Transporte de la Nación de los corredores viales, e involucra a nuestra ciudad con el de la ruta 5, en los pliegos de concesión antes el servicio de auxilios, servicio de siniestros debía presentarlos la empresa”.

“Si aplicamos el sentido común los municipios prestaban el servicio a través de los hospitales, los propios bomberos pero entendíamos existía un derecho de restitución porque la responsabilidad primaria de garantizar la seguridad y los servicios de asistencia en las rutas nacionales eran de las empresas quienes estaban obligadas económicamente a prestar tal servicio”, agregó.

“Aquello que hizo el gobierno nacional, a través de Vialidad Nacional, es ‘tirarle por la cabeza’ a los municipios poniéndolo por escrito que las empresas no tienen más esa responsabilidad y que deben hacerse cargo los municipios”, consignó, e indicó: “Le ‘tiraron por la cabeza’ a los vecinos de Chivilcoy, a los vecinos de Suipacha, a los vecinos de Mercedes, a los vecinos de Alberti, a los vecinos de Bragado que paguen con sus respectivos impuestos de aquello que debería hacerse cargo la empresa concesionaria de la futura autovía o de la ruta 5 actual”.

“Somos grandes defensores de los recursos de los vecinos en tal sentido y por lo tanto no deben existir más transferencias de competencias del gobierno nacional y provincial a los municipios porque no dan abasto de hacerse cargo de todo aquello que la provincia y el gobierno nacional no se ocupan actualmente”, consideró Benegas.

Asimismo, remarcó: “Queremos visibilizar, alertar e incluso judicializar tal situación para que no tengan que ser las municipalidades con los presupuestos que tienen actualmente y deben hacerse cargo de muchísimas competencias de aspectos que le corresponden a las empresas”.

“El Ministerio de Trasporte lo que hizo fue reunirse con los empresarios de las concesiones viales y les garantizó rentabilidad a costa de los recursos de los contribuyentes que representa un verdadero disparate y encima lo pusieron por escrito”, señaló.

Asimismo, sostuvo: “No corresponde y las empresas concesionarias que se venían haciendo cargos de estas cuestiones, se hacía cargo un tercero o tenían una acción de repetición y se les podía cobrar por estos servicios, ahora tienen que hacerse cargo los municipios con sus recursos y entendemos que no corresponde”.