Vanesa Zuccari “El Consejo de Seguridad Rural pretende orientar políticas, hacer proyectos y llevar
La diputada provincial de la UCR en Juntos por el Cambio, Vanesa Zuccari, se refirió a la reunión que el Gobierno bonaerense mantuvo con representantes del sector agropecuario para la prevención del delito rural.
Celebró que el Gobierno tome cartas en el asunto, convocando a las entidades agropecuarias, ministerios y organismos competentes a una mesa de trabajo para buscar soluciones concretas, señaló Zuccari, quien impulsó el proyecto de ley que promueve la creación del Consejo de Seguridad Rural Bonaerense.
La iniciativa que cuenta con el apoyo de sus compañeros de bancada Luciano Bugallo, Susana Lázzari, Melisa Greco, Néstor Résico y Diego Rovella, busca colaborar con el Ministerio de Seguridad en la elaboración de planes, proyectos y propuestas e implementación de las políticas de seguridad en el ámbito rural.
La creación del Consejo da marco de acción al Estado, promueve el diálogo entre las distintas entidades y genera más consenso, para que en esa mesa de diálogo se pueda avanzar e ir diagramando día a día la posibilidad de seguir trabajando en tareas preventivas contra los delitos rurales y así garantizar la protección del sector agropecuario, incluyendo a los productores y también sus establecimientos.
Entre sus objetivos, el Consejo de Seguridad Rural Bonaerense actuará como asesor del Gobierno Provincial para ponerlo en conocimiento de las situaciones que atraviesa el sector agropecuario en relación a problemáticas de seguridad; estimular y promover el abordaje de estrategias y elaboración de medidas tendientes a reducir y prevenir los delitos rurales; organizar encuentros, seminarios, congresos y disertaciones sobre la temática en cuestión; apoyar iniciativas y acciones que surjan de las distintas zonas de la provincia.
Entrevistada por ‘La Mañana del Centro’, la legisladora de Lincoln, en principio advirtió: “En estos últimos días sacudidos por aquello que más trascendió que es la rotura de silobolsas, pero no es menos importante el abigeato, el cuatrerismo e incluso últimamente los ataques a la propiedad privada con los moradores dentro como el episodio que vivió una familia en San Vicente”.
“Son situaciones que vivo con mucha preocupación y la verdad es que veníamos sin ninguna clase de respuesta e incluso parecía hasta existir ignorancia de lo acontecido”, señaló.
Asimismo, expresó: “El Gobierno convocó a las entidades rurales y consignatarios de hacienda para conversar, asimismo entre todos buscar las soluciones porque una política pública o una medida de no contar con la anuencia de las partes cae en saco roto”.
“Por lo tanto que, el propio gobernador más los Ministros de Desarrollo Agrario y de Seguridad junto a los representantes de las entidades hayan podido dialogar significa un gran paso”, exclamó, y espetó: “Se tratar de dar respuestas a un sector que es muy importante para nuestra provincia, ya que es uno de los motores de la economía y ni hablar de la importancia que tiene en nuestro interior bonaerense”.
“Entiendo que la atención a AMBA y los problemas propios que tiene esa parte de nuestra provincia, muchas veces tapan o invisibilizan aquello que puede ocurrirnos a quienes vivimos en el interior bonaerense y sentimos que no somos tan atendidos o nuestros inconvenientes no son tan relevantes para quienes ocupan lugares de decisión”, esgrimió.
A este respecto, la diputada agregó: “Entonces, la posibilidad que se le dio al sector en los últimos días me gratifica después de observar la angustia de los que producen”.
“Estamos haciendo referencia a un sector que en este momento de pandemia, cuando tenemos la economía prácticamente detenida, nunca paró y tuvo una importancia muy relevante en el sostenimiento de nuestra economía tanto de la provincia como del país”, subrayó la legisladora bonaerense.
Acerca de la creación del Consejo, Zuccari amplió: “El Consejo básicamente es un lugar para que estén sentados los miembros del Ejecutivo, los Ministros de la Producción, de Desarrollo, de Seguridad, las fuerzas y las entidades”.
“Pretendo que sea ley para que pueda perpetuarse en el tiempo porque en realidad en 2003 hubo un Consejo Asesor Agrario y después se desvaneció”, esbozó, y expuso: “Luego, nos acordamos de lo que el sector padece solamente cuando ocurren cuestiones como la rotura de los silobolsas, cuando el tema del abigeato y del cuatrerismo es algo muy normal, sucede todo el tiempo en el territorio y varios chacareros ya ni hacen las denuncias”.
“El Consejo pretende orientar políticas, hacer proyectos y llevar adelante iniciativas, pero tomadas en conjunto y se perpetúen en el tiempo, independientemente del color político del gobierno de turno y de los dirigentes que en ese momento tengan las determinadas entidades”, consignó.
E indicó: “La intención es que sea una política de estado a largo plazo y podamos tener siempre, que sea algo periódico y no tener que sentarse cuando la situación es más áspera sino que pueda tener una constitucionalidad a lo largo del tiempo”.
Talleres Protegidos
La diputada provincia
l de la UCR en Juntos por el Cambio, Vanesa Zuccari, presentó en el mes de abril un proyecto para requerir que el Poder Ejecutivo intermedie con urgencia ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y la Agencia Nacional de Discapacidad a los efectos de que brinden las prestaciones necesarias para aquellos Talleres Protegidos de Producción que desarrollan sus actividades en la provincia de Buenos Aires.
La propuesta de Zuccari buscaba que los Talleres Protegidos de Producción dispongan de medios y recursos para continuar con el cumplimiento de sus actividades, además de incrementar el monto que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social aporta en concepto de “peculio”, cumpliendo con el 40 % del salario mínimo vital y móvil, en cumplimiento de la Ley N 26.816; y que los operarios puedan recibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Consultada por la actualidad de los Talleres Protegidos avanzada la pandemia, la legisladora remarcó: “La Diputada Nacional Claudia Najul presentó un proyecto pidiendo que los operarios de los talleres protegidos puedan cobrar la IFE porque están percibiendo una pensión provincial y en la mayoría de los casos tienen un porcentaje de lo producido”.
“A su vez, los talleres protegidos están en serias dificultades para poder sostenerse, muchos se encuentran trabajando como pueden a un 20 o 30 por ciento de su producción total”, añadió.
Además, sostuvo: “Se encuentran en una situación muy compleja, pero estimo que se podrá encontrar alguna respuesta mejor a la situación de los talleres protegidos y asociaciones civiles a través de la nueva ley que acaba de aprobarse”.
“Es una situación desesperante la que están atravesando muchos talleres y es un tema que estoy siguiendo siempre muy de cerca. Hubo muchas marchas y contramarchas, los recibieron y prometieron alguna clase de beneficios pero se desvaneció con el tiempo, esperando que esta vez la ayuda sea concreta”, concluyó la diputada.