A partir de los 14 años se comprende lo que se hace, se sabe que llevar un arma de fuego está mal
Un diputado nacional del Frente de Todos reclamó que se baje la edad de imputabilidad a los 14 años y pidió que no haya excarcelación para las personas que sean detenidas con armas de fuego sin documentación.
Se trata del bonaerense Ramiro Gutiérrez, quien presentó en octubre pasado un proyecto de ley para ampliar el universo de personas imputables por la Justicia ante la comisión de delitos.
El dirigente oficialista señaló que su iniciativa legislativa busca "darle nuevas herramientas a la Policía y a los jueces para que cuando encuentren a una persona con un arma no puedan ser excarceladas".
En Radio del Centro nos comunicamos con el legislador oficialista con la intención de conocer y difundir pormenores de la iniciativa presentada.
En principio, el diputado señaló: “Una persona que porta un arma de fuego y tiene entre 14 y 18 años para la ley es un limbo, muy difícil de solucionar y la respuesta que estamos dando no es la mejor. A partir de los 14 años se comprende lo que se hace, se sabe que llevar un arma de fuego está mal, que dispararla puede terminar con la vida de la otra persona y debe llevar la responsabilidad que ese hecho, que cursó o traspasó ya sea que haya matado o lesionado, esa responsabilidad no puede quedar en el limbo y tiene que llevársela la persona que corresponda”.
En cuanto al proyecto, puntualizó: “Presentamos un código con más de 60 artículos que hice con el acompañamiento de otros diputados de mi espacio político y de la oposición también. La Diputada, Graciela Camaño, trabajó mucho al respecto y es un histórico proyecto del Dr. Sergio Massa quien siempre pensó que la responsabilidad penal debía nacer en el país a partir de los 14 años de edad.
Es un proyecto que tenemos presentado y esperemos que el próximo año sea uno de los puntos centrales de la discusión en el Congreso de la Nación”.
Al momento de explicar el por qué de la iniciativa, esgrimió: “Trabajé toda mi vida como abogado penalista, conozco esta clase de casos, no soy un hombre de oficina si no que hice muchas denuncias y acompañé innumerables veces a las víctimas, concurrí a las audiencias de menores, observé a jóvenes que detrás de su cara estaban los ojos de cielo del asesino y tenían muchas muertes en su haber.
Encontré a pibes completamente perdidos en la droga sin ninguna posibilidad de volver y la justicia se los entrega como un pase de manos directamente a sus padres sabiendo que regresan a una situación donde al día siguiente, tiranizados por una adicción química, física y psíquica tendrán que salir a buscar la droga; esa droga se compra con dinero y no es Maná que cae del cielo si no que deberán robar para obtener ese dinero”.
En cuanto a la ley actual para con los menores y la modificación que propone, esbozó: “Actualmente la ley tiene una mirada asistencial, un niño, un joven, un adolescente infracciona la ley y el Juez lo entrega rápidamente a los padres. Por lo tanto, aquello que estamos haciendo es modificar la ley para que haya diez variantes y el Juez pueda disponer de una caja de herramientas no con un solo destornillador si no diferentes llaves, pinzas para poder maniobrar de acuerdo a la conducta y la historia vital de cada uno. Habrá menores que cometen una travesura y entonces está la figura de la reprimenda judicial que el Juez se comprometa, le explique lo que hizo y que trascendió los límites de algo que para él tal vez era una travesura pero cometió un daño.
Allí tenemos una primera intervención muy leve en el Estado pero hay jóvenes que ya tienen varios homicidios en su espalda y si te los encontrás por la noche dentro de tu casa, tienen un arma y muchas sustancias encima es completamente imprevisible aquello que puede llegar a suceder. Ese joven precisa otra intervención del estado como ser internado en un lugar, requiere de tratamientos, de profesionales y nada de ésto se encuentra sucediendo”.
Acerca del tratamiento dentro de las unidades carcelarias, Gutiérrez remarcó: “La ley, que fue un estudio muy importante que desarrollamos, prevé hasta una ventana temporal de tres años para que el estado pueda adaptar sus instituciones para recibir esa demanda.
Se requiere de una intervención con conocimiento y con convicción. Actualmente en quienes viven intramuros se esconden los miedos de la sociedad y nadie quiere ver lo que allí sucede, ni tampoco invertir para poner lo que está detrás de un muro y esas personas terminan siendo descartables para el estado, para la sociedad. Hay que tener una fuerte convicción para trabajar en un servicio penitenciario y dotar de las herramientas. La persona que se encuentra en un servicio penitenciario ante todo debe gozar de dignidad porque está encerrada y perdió la libertad pero el estado tiene que tratarlo con dignidad, darle la posibilidad que se recupere de alguna manera. La cárcel debe tener un cinturón azul que es el perímetro de custodia pero dentro debe ser de guardapolvo blanco para trabajar en la educación y resociabilización de quienes están. Son sistemas que están muy lejos de lo que hoy sucede por eso hay que repensarlos y trabajarlos”.
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