Antes de hablar, pensar.
Todos tenemos derecho a expresarnos libremente. Claro que, la libertad dentro del Estado de Derecho republicano y democrático, tiene su límite en la propia responsabilidad.
Dejando de lado las manifestaciones de la gente común que, apreciadas empáticamente, serán valoradas desde la formación y educación que cada uno posee al expresarse; no podemos dejar pasar aquellas otras formuladas por funcionarios o representantes políticos, que traspasan el límite de la responsabilidad institucional republicana debida. En otras palabras: “la libertad se tiene que ejercer con responsabilidad y respetando la normas”.
Me refiero a aquellos funcionarios que hablan desde el propio cargo público republicano y que, en mérito al respeto debido al mismo, no pueden decir cualquier cosa en cualquier momento. Así, vierten expresiones antidemocráticas con total falta de razonabilidad y sin ajuste a las instituciones que lo sostienen. Opinar sin importarle el desenvolvimiento correcto de las instituciones republicanas, impresiona como que a los intereses políticos personales y sectoriales, los coloca por encima del ordenamiento político legal marcando una notable tendencia hacia el autoritarismo.
La existencia de una república, implica tener un poder judicial independiente a los fines de contrapesar a los otros poderes tanto legislativo y ejecutivo ante los permanentes avances de éstos poderes, sobre los derechos de la sociedad civil. El marco de desenvolvimiento es la propia Constitución donde se consagran los derechos de las personas y el funcionamiento de la república.
Con el fin de ilustrar, los jueces hablan con las sentencias y si éstas no conforman a alguna de las partes, se la puede ventilar y argumentar en una instancia y organismo superior. Vulgarmente se lo conoce como apelación. Claro que todo tiene un límite que son las sentencias de la Corte Suprema que sus disposiciones son para respetarlas exclusivamente. Tiene que quedar absolutamente claro que los jueces sancionan de acuerdo a las pruebas que se incorporen en la causa y no, de ninguna manera, por su apreciación personal. El proceso desarrollado con la supervisión de las partes (fiscales y abogado defensor), no puede ser de otra manera que legal. Por último, el juez o los jueces deben ajustarse a las pruebas producidas. Para mayor seguridad, actualmente por los medios se le da una importante difusión.
Totalmente convencido que la Institucionalidad Republicana y Democrática lograda en diciembre de 1983 no se deberá perder de ningún modo y menos, por la irresponsabilidad y el desquicio de unos pocos antidemocráticos que solo tienen en mira, la salvación personal luego de haberse enriquecido ilegalmente a costa del erario estatal y la corrupción.
Por Luis María Mariano
