Bahía Blanca: ganó más de 22 millones en una tragamonedas, no se los quisieron abonar y la Justicia ordenó
Un juzgado civil y comercial de Bahía Blanca condenó en primera instancia a dos sociedades vinculadas con una sala de juegos a pagar un total de $32.198.627,80, más actualización e intereses, a un apostador que reclamó el cobro de un ticket emitido por una máquina electrónica el 13 de agosto de 2022. La resolución también ordenó levantar de inmediato la prohibición de ingreso que pesaba sobre el demandante, de 57 años, desde el día en que ocurrió el episodio.
El conflicto comenzó en la madrugada de aquel día, alrededor de las 02:06:05, cuando el equipo imprimió un comprobante por $22.898.627,80. Pocos minutos más tarde, la misma máquina emitió otro ticket por $10.000 que sí fue abonado por la caja. El cliente sostuvo que presentó ambos comprobantes y que el empleado le pagó el de menor valor, mientras que le devolvió el de casi 23 millones con la indicación de que regresara más tarde para hablar con los responsables del establecimiento.
Durante las negociaciones matutinas, representantes de las empresas le informaron que el comprobante había salido por error y le ofrecieron sumas menores, de $125.000 y $250.000, propuestas que el apostador rechazó al exigir el pago total impreso. Ese mismo día se labró un acta notarial donde los delegados de la sala reconocieron ante una escribana que el ticket había surgido de la máquina, aunque afirmaron que no podían explicar el motivo si no existía un registro previo del premio.
Las demandadas argumentaron en el expediente que el ticket había sido invalidado por el sistema y afirmaron que las filmaciones mostraban al jugador con el botón de giro trabado con un objeto, sin que se hubiera activado el pulsador de cobro ni una combinación ganadora. Sin embargo, la jueza a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 2 remarcó que las empresas tenían el control exclusivo del software y los registros, por lo que estaban en mejores condiciones de demostrar el supuesto error técnico, algo que la pericia y los testimonios no lograron respaldar de manera concreta.
Finalmente, la magistrada valoró que el riesgo por el funcionamiento y la programación corresponde a quien explota el servicio y no al consumidor. Además del pago del premio actualizado, el fallo fijó una indemnización de $5 millones por daño moral debido a las horas de retención y la exclusión del lugar, y sumó una multa civil de $4,3 millones por considerar que la prohibición de acceso constituyó una represalia deliberada.
