Causa ANDIS: los dueños de la droguería Suizo Argentina presentaron escritos y negaron los cargos

Los hermanos Jonathan Simón y Emmanuel Kovalivker, principales autoridades de la droguería Suizo Argentina, se presentaron este miércoles en el Juzgado Federal N° 11 para ser indagados en el marco de la causa ANDIS. Ambos decidieron no responder preguntas del fiscal Franco Picardi y entregaron descargos escritos por medio de su abogado defensor, Martín Magram. En sus presentaciones, los empresarios rechazaron haber integrado una asociación ilícita o haber participado en maniobras defraudatorias contra la administración pública durante la gestión de Diego Spagnuolo.

La defensa legal argumentó que la fiscalía les atribuye responsabilidad penal únicamente por ocupar los máximos cargos de la compañía, lo cual a su entender vulnera el principio de culpabilidad, ya que la acusación no detalla ningún acto personal, orden o comunicación concreta que los vincule con los hechos investigados. Asimismo, los titulares de la firma sostuvieron que la facturación con el organismo estatal representó un porcentaje menor de sus ventas totales, detallando cifras de los años 2023, 2024 y 2025. En paralelo, solicitaron el cierre del expediente por considerar que los hechos ya habían sido investigados previamente en otro tribunal.

Por su parte, Emmanuel Kovalivker afirmó que sus tareas como vicepresidente se limitaban exclusivamente a la dirección de procesos productivos, logística y plantas industriales, y que renunció al cargo el 30 de noviembre de 2025. Los letrados también requirieron la nulidad de la investigación al cuestionar el origen de los audios atribuidos a Spagnuolo y pidieron que se deje sin efecto la inhibición general de bienes ordenada por el juez subrogante Ariel Lijo al convocarlos a prestar declaración.

La acusación inicial del Ministerio Público Fiscal había señalado que la droguería funcionaba como administradora de pagos discrecionales y principal proveedora de fármacos de alto costo, alcanzando una facturación de $124.652.174.118 según los registros oficiales. La investigación también involucra a exfuncionarios como Daniel María Garbellini y apunta a un supuesto esquema de cartelización en las contrataciones estatales del Programa Federal Incluir Salud, situación que ahora deberá resolver el magistrado interviniente al definir si dicta procesamiento, sobreseimiento o falta de mérito.