Causa Hotesur - Los Sauces: la querella expuso cargos por lavado contra los Kirchner

El debate oral correspondiente al expediente conocido como Hotesur - Los Sauces siguió su curso este viernes con la lectura del requerimiento elaborado por la Unidad de Información Financiera (UIF). En esta cuarta audiencia del proceso, el organismo querellante detalló los cargos que recaen sobre la expresidenta Cristina Kirchner y el actual diputado nacional Máximo Kirchner, además de otros implicados. Ambos siguen las instancias del debate de manera remota a través de la plataforma Zoom y deberán presentarse de forma presencial en los tribunales de Comodoro Py cuando comience la etapa de declaraciones indagatorias. El tribunal dispuso un cuarto intermedio y determinó que las deliberaciones proseguirán el próximo viernes 13 de noviembre.

Durante la lectura de la pieza acusatoria, que estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal 5, se sostuvo que la inmobiliaria de la familia funcionó como un canal permanente para reciclar activos de origen ilícito. Según el organismo, las operaciones se justificaban mediante contratos de locación simulados celebrados entre 2009 y 2016, lapso en el cual se facturaron poco más de 25 millones de pesos. La exposición remarcó que gran parte de esos montos provino de firmas pertenecientes a Cristóbal López y Fabián De Sousa, así como del conglomerado vinculado a Lázaro Báez, cuyos fondos tendrían su origen en irregularidades con la adjudicación de trabajos viales en territorio santacruceño.

El detalle presentado ante los jueces precisó que el Grupo Indalo concentró el 65 por ciento de la facturación cuestionada mediante el pago de alquileres por propiedades ubicadas en Puerto Madero, sumando unos 18 millones de pesos. Por su parte, Lázaro Báez junto a sus hijos Martín Báez, Leandro Báez y Luciana Báez, canalizaron cuatro millones a través de sociedades como Austral Construcciones y Kank y Costilla por edificios en Río Gallegos. A ello se sumaron poco más de tres millones aportados por los alquileres del complejo La Aldea, en El Chaltén, en maniobras donde también intervino el acusado Osvaldo Sanfelice.

El organismo estatal definió al esquema como un sistema carente de antecedentes orientado a ocultar el origen de los bienes y permitir que sus beneficiarios dispusieran libremente de ellos. La acusación principal apunta a los delitos de asociación ilícita y lavado de activos, cumpliendo diferentes roles organizativos dentro de la estructura investigada. En el tramo final de la jornada, el juez José Michilini interrumpió momentáneamente la lectura al advertir la ausencia temporal de uno de los imputados frente a las cámaras del sistema virtual, situación que se regularizó rápidamente antes de fijar la continuidad del debate.