Condenan a un banco y procesadoras a pagar más de 11 millones por consumos truchos

Un tribunal civil de la localidad bonaerense de Olavarría ordenó a una institución bancaria, una firma procesadora de pagos y una compañía vinculada abonar una resarcimiento económico de 11.536.964,38 pesos más intereses a un usuario. La medida se dictó luego de comprobar que el damnificado sufrió un centenar y medio de cargos irregulares que jamás avaló y ante los cuales las compañías no ofrecieron soluciones efectivas.

El conflicto comenzó cuando el cliente detectó débitos en dos plásticos asociados a su caja de ahorro, los cuales se acumularon entre marzo y septiembre del año 2019. Según la presentación, aparecieron operaciones vinculadas a plataformas digitales, videojuegos y comercios en línea que el titular no había contratado. Pese a pedir el bloqueo de los medios de pago y la devolución de los fondos, los descuentos persistieron durante los meses subsiguientes.

Durante el proceso legal, las firmas demandadas intentaron desligarse de responsabilidades y sugirieron que las operaciones podrían haber sido efectuadas por el propio damnificado. Sin embargo, la magistrada titular del Juzgado en lo Civil y Comercial nro 2 fundamentó su decisión en la negligencia de las corporaciones al no entregar la información informática solicitada por el perito oficial para dilucidar el origen de las conexiones.

A su vez, la resolución remarcó que las empresas que participan en la emisión y administración de medios de pago tienen la obligación de resguardar a los consumidores y poseen herramientas tecnológicas para detectar transacciones inusuales. Bajo la normativa de defensa del consumidor, se aplicó el criterio de responsabilidad solidaria para todas las firmas que integran la cadena de comercialización.

Además del daño material fijado en 1.536.964,38 pesos, la sentencia incluyó una compensación de 5 millones de pesos por el perjuicio anímico debido al tiempo y las gestiones infructuosas que debió realizar el afectado. Por último, se adicionaron otros 5 millones de pesos en concepto de multa civil punitiva para sancionar la conducta empresaria ante los reclamos.