Consejo de la Magistratura: el balance de cuatro años con cuatro jueces destituidos
El Consejo de la Magistratura de la Nación cerrará este 18 de noviembre un ciclo de cuatro años caracterizado por un alto nivel de actividad en el control disciplinario y el enjuiciamiento de magistrados federales y nacionales. Esta etapa, iniciada en abril de 2022 tras el fallo del máximo tribunal que declaró inconstitucional la composición previa mediante la Ley 26.080, volvió a colocar al frente del cuerpo al titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
Durante este período comprendido entre 2022 y 2026, el Jurado de Enjuiciamiento dictó la destitución de cuatro jueces. El primer caso fue el de Walter Bento, titular del Juzgado Federal N.º 1 de Mendoza, removido el 8 de noviembre de 2023 tras ser acusado de liderar una red de cobro de coimas. Posteriormente, el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Mendoza lo condenó a 18 años de prisión y a una multa superior a los 540 millones de pesos. A esta sanción se sumaron las de Martín Poderti, del tribunal oral marplatense, apartado el 18 de diciembre de 2025 por la desaparición de 144 monedas de oro bajo su custodia como secretario; y Alfredo Eugenio López, del Juzgado Federal N.º 4 de Mar del Plata, destituido el pasado 18 de agosto por publicaciones discriminatorias en la red social X denunciadas por la DAIA y el Foro Argentino contra el Antisemitismo.
El balance también incluye las actuaciones sobre Gastón Salmain, quien resultó destituido, y Pablo Díaz Lacava, cuyo juicio político concluyó sin remoción. En paralelo, Marcelo Bailaque optó por presentar su renuncia mientras avanzaban los expedientes en su contra dentro del organismo. El senador Luis Juez, integrante de la Comisión de Acusación, destacó recientemente que las cuatro remociones concretadas en este lapso representan casi el 20% del total de destituciones registradas desde 1999.
El marco constitucional que regula estos procedimientos se encuentra estipulado en los artículos 114 y 115 de la Carta Magna, los cuales dividen las funciones entre la investigación inicial a cargo del Consejo y la decisión final del Jurado de Enjuiciamiento. Mientras la Comisión de Acusación reúne las pruebas y eleva los dictámenes con el apoyo de dos tercios de los miembros, el tribunal de enjuiciamiento evalúa la conducta de los magistrados bajo las causales de mal desempeño y delitos funcionales tipificadas en el artículo 53 y la Ley 24.937.
Con el vencimiento de los mandatos de la mayoría de los consejeros, se pondrá fin a este período de transición y reorganización institucional. La renovación de las bancas abrirá una nueva etapa para el funcionamiento de los tribunales inferiores de la Nación y la fiscalización de la labor de jueces y fiscales en todo el territorio argentino.