Cuándo un colegio privado puede rechazar la rematriculación de un alumno según la Justicia

La posibilidad de que una institución educativa privada decida no renovar la matrícula de un estudiante posee fuertes restricciones legales. A diferencia de una relación comercial, en el ámbito escolar rigen principios constitucionales vinculados al aprendizaje y a la igualdad, lo que impide la aplicación de medidas de carácter discrecional.
En la Ciudad de Buenos Aires, la normativa local establece que los establecimientos no pueden negar la rematriculación sin una causa justificada. La Ley 2681 fija como Fecha límite de notificación de rematriculación en CABA el 31 de octubre, y otorga un Plazo para fundamentar por escrito de 10 días hábiles a partir del pedido de las familias.
Un reciente pronunciamiento judicial analizó un Fallo sobre alumno con dislexia con más de 11 años en la institución. La medida fue tratada por la Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, la cual determinó que el rechazo carecía de fundamentos objetivos suficientes y configuró un ejercicio abusivo.
La legislación nacional también impone marcos estrictos. La Ley de Educación Nacional 26.206 garantiza la escolaridad obligatoria, mientras que la Ley 26.892 exige que las sanciones disciplinarias sean graduales. Asimismo, la Ley 23.592 castiga prácticas discriminatorias y la Ley 27.306 protege a quienes presentan dificultades de aprendizaje.
Para que una negativa sea considerada válida, los colegios deben demostrar razones objetivas, cumplir con las normas formales y descartar cualquier atisbo de discriminación. De este modo, la continuidad pedagógica prevalece frente a decisiones unilaterales de las autoridades escolares.