“Si Nación y Provincia asumen los costos establecidos por la ley, los fondos generados por las instituciones podrían destinarse a mejorar la remuneración de las personas con…

“Si Nación y Provincia asumen los costos establecidos por la ley, los fondos generados por las instituciones podrían destinarse a mejorar la remuneración de las personas con discapacidad”

Tras la aprobación por unanimidad en la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, el presidente de la Federación de Talleres Protegidos (FETAP) y referente del Taller Dignidad de Chivilcoy repasa el alcance del proyecto, las urgencias económicas del sector y el impacto directo en las instituciones bonaerenses.

En una jornada determinante para el ámbito de la inclusión social y laboral en la Provincia de Buenos Aires, la Comisión de Asuntos de las Personas con Discapacidad de la Cámara de Diputados bonaerense aprobó por unanimidad el proyecto de adhesión a la Ley Nacional de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad (N° 26.816). La iniciativa, impulsada históricamente por la Federación de Talleres Protegidos de la Provincia de Buenos Aires (FETAP), busca dotar de un marco legal específico y sostenibilidad financiera a más de un centenar de instituciones.

En diálogo exclusivo con Radio del Centro de Chivilcoy, Darío Gabriel Corrao, presidente de FETAP y referente del Taller Protegido Dignidad, brindó detalles del debate legislativo, la realidad contable de las entidades sociales y las metas a futuro.

EL AVANCE EN LA LEGISLATURA BONAERENSE

— ¿Qué significa para FETAP y para los talleres protegidos la aprobación por unanimidad alcanzada en la Comisión de Discapacidad?

Darío Corrao: Significa haber dado un primer paso fundamental hacia un objetivo por el que venimos luchando desde hace muchísimos años. Lograr que todos los bloques políticos voten por unanimidad la adhesión a la Ley Nacional 26.816 es un respaldo enorme. Tuvimos que exponer, fundamentar y convencer con datos certeros sobre la mesa. Cuando uno habla desde el corazón y demuestra la dimensión social y real que sostienen los talleres protegidos en toda la provincia, es imposible no acompañar.

— ¿Cuáles fueron los datos concretos que presentó ante los legisladores para dimensionar esta realidad?

Darío Corrao: Les mostramos la escala exacta del empleo protegido en nuestro territorio. De los 263 talleres protegidos que existen en toda la República Argentina, 177 están ubicados en la Provincia de Buenos Aires, distribuidos en 114 de los 135 municipios. Estamos hablando de 4.789 personas con discapacidad que trabajan a diario en estos talleres (un 60% hombres y un 40% mujeres). Es una realidad que atraviesa a casi toda la provincia.

—¿Cómo continúa ahora el recorrido del proyecto de ley en la Cámara de Diputados?

Darío Corrao: El proyecto ya contaba con media sanción del Senado (impulsado por la legisladora Nerina Neumann) y fue tomado en Diputados por la diputada Maite Alvado. Tras el aval unánime en Discapacidad, ahora pasa a la Comisión de Legislación General y posteriormente a la Comisión de Presupuesto. Ya estamos manteniendo reuniones con legisladores de distintas bancadas, como la diputada Silvina Vaccarezza, para explicar la trascendencia de este tratamiento.

IMPLICANCIAS LEGALES Y EL ROL DEL ESTADO NACIONAL Y PROVINCIAL

— ¿Por qué es determinante que la Provincia de Buenos Aires adhiera formalmente a la Ley 26.816?

Darío Corrao: Porque el artículo 26 de la norma nacional invita explícitamente a las provincias a adherir para articular el esquema de financiamiento conjunto. La ley se promulgó en 2013 y se reglamentó parcialmente en 2015 en la parte previsional, pero la parte sustancial de financiamiento no se implementó en su totalidad. Sin la adhesión provincial, la Nación podía argumentar que no la aplicaba por falta de adhesión de la jurisdicción. Con esta ley bonaerense, le quitamos cualquier excusa al Estado Nacional para exigir la aplicación integral del régimen en todo el país.

— ¿Cómo se distribuyen los compromisos económicos entre nación y provincia según el marco regulatorio?

Darío Corrao: La ley establece un esquema compartido. El artículo 27 determina que la Nación debe hacerse cargo de los estímulos laborales y los insumos productivos principales. Por su parte, transcurridos dos años de la aplicación de la ley, la Provincia debe asumir el equivalente al 40% del Salario Mínimo, Vital y Móvil para los trabajadores. Es una inversión social compartida indispensable para aliviar la carga económica sobre las ONG.

LA COYUNTURA ECONÓMICA DE LOS TALLERES PROTEGIDOS

-¿Cuál es la situación económica actual de los operarios y de los talleres en materia de ingresos?

Darío Corrao: Tras la aplicación judicial por la Ley de Emergencia en Discapacidad, desde marzo la Nación abona el 40% del Salario Mínimo, Vital y Móvil a los trabajadores operarios, lo que hoy representa $143.900 mensuales. Por el lado de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, se otorga un peculio y una beca: el operario percibe $69.700 adicionales y la institución recibe alrededor de $65.000 por cada persona contenida.

- A nivel institucional, ¿alcanzan estos subsidios para cubrir el costo operativo mensual?

-Darío Corrao.: No, están muy lejos de cubrir el total. Para dar un ejemplo concreto: el Taller Protegido Dignidad de Chivilcoy, que cuenta con 28 operarios, percibe del programa provincial alrededor de $1.800.000 mensuales, sumado a una beca municipal de unos $700.000. Sin embargo, el costo operativo real de la institución ronda los $7.000.000 al mes. La diferencia de más de $4,5 millones hay que generarla genuinamente vendiendo nuestras insumos y productos, o con eventos recaudatorios. Además, las exigencias contables son las de una PyME, pero con recursos de ONG.

MESAS DE TRABAJO Y PROYECTOS A FUTURO

-¿Cómo se está articulando con las autoridades provinciales para agilizar la gestión?

Darío Corrao.: Conformamos una mesa de trabajo tripartita entre FETAP, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y el Ministerio de Trabajo de la Provincia (con la subsecretaria Cecilia Cecchini). Buscamos tres metas claras: destrabar la adhesión a la ley, agilizar los trámites de personería jurídica y lograr que el Ministerio de Trabajo intervenga directamente, reconociendo el estatus laboral formal de las personas con discapacidad.

-¿Qué proyectos de crecimiento e infraestructura mantienen vigentes en Chivilcoy?

-Darío Corrao: A pesar de las dificultades, seguimos construyendo con recursos propios la infraestructura para poner en marcha la Escuela de Reciclado, una iniciativa pedagógica y ambiental pensada para comenzar a operar a fines de este año o principios del próximo. Proyectamos la reconversión de los talleres hacia unidades productivas de mayor escala: si logramos que se aplique la Ley 26.816 y se liberen costos operativos, ese dinero irá directamente a mejorar la remuneración de nuestros trabajadores.

El objetivo es que, si la Nación y la Provincia asumen los costos establecidos por la ley, los fondos generados por las instituciones puedan destinarse a mejorar directamente la remuneración y los salarios de las personas con discapacidad.

Desde la Federación de Talleres Protegidos de la Provincia de Buenos Aires (FETAP) también se está trabajando en un proyecto orientado a aliviar los costos operativos y las exigencias administrativas/documentales que enfrentan las instituciones:

Exenciones o facilidades financieras: Explicó que mantener la personería jurídica, contar con un contador formal y presentar los balances anuales (cuyo costo ronda $1.500.000) representa una carga económica desproporcionada para las ONGs. El proyecto busca que la Provincia contemple exenciones o mecanismos que eviten que estas obligaciones ahoguen económicamente a las instituciones.

Agilización de la personería jurídica y documentación: Remarcó que muchas organizaciones sufrieron un gran atraso administrativo desde la pandemia. El proyecto aboga por agilizar los trámites y tiempos de respuesta ante Personería Jurídica bonaerense para que las instituciones puedan regularizar su situación más rápido sin perder subsidios o beneficios.

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