Desde Fuerza Patria ratificaron su postura de “no acelerar la aprobación de un convenio cerrado de manera apresurada en 15 días tras 40 años de parálisis”
El debate urbanístico, político y legislativo en torno a la paralización y eventual finalización del Complejo Federación ha alcanzado un punto neurálgico en la ciudad de Chivilcoy. Tras la elevación por parte del Departamento Ejecutivo de dos convenios clave ante el Concejo Deliberante, el concejal Ezequiel Caselles, perteneciente al bloque de Fuerza Patria, hizo pública la posición de su espacio respecto a los términos del acuerdo impulsado con la empresa privada SENTRA.
El proyecto contempla delegar en la firma comercial la terminación de la estructura inconclusa a cambio de otorgarle el 60 por ciento de los departamentos, cocheras y locales comerciales existentes. No obstante, desde la oposición legislativa advierten sobre “la falta de rigurosidad técnica en las actuaciones, incongruencias en las cifras presentadas sobre el porcentaje restante de obra y la ausencia inicial de un marco de contención para los más de un centenar de adquirentes originales”.
En esta nueva instancia planteada por el municipio, la propuesta central radica en sellar una alianza con la mencionada empresa, que ya intervino anteriormente en el predio. El instrumento normativo estipula que la compañía privada asumirá el financiamiento y la ejecución de la infraestructura faltante, calculada en un 38 por ciento dentro del contrato principal. En contraprestación por esta inversión, la firma se adjudicaría el 60 por ciento del total de los departamentos, cocheras y locales que componen el complejo. Frente a esto, Caselles remarcó que el Estado municipal posee el 100 por ciento de la titularidad dominial sobre la tierra y la totalidad del predio edilicio, “lo que significa que el municipio está arriesgando el conjunto del patrimonio público de Chivilcoy en una negociación donde faltan precisiones sustanciales”.
Un aspecto sumamente debatido del expediente radica en las notorias contradicciones detectadas entre las distintas piezas documentales presentadas al Concejo Deliberante. Mientras el texto formal del convenio entre el Municipio y SENTRA establece que el volumen de obra a ejecutar equivale a un 38 por ciento del total, “un documento complementario elaborado por el Ejecutivo para analizar la propuesta de la empresa sostiene que el saldo pendiente alcanza únicamente el 28,44 por ciento. Esta discrepancia cercana al diez por ciento modifica significativamente la valuación económica de la contraprestación propuesta”, planteó Caselles. Además, el concejal opositor apuntó que el acuerdo “omite precisar el estado de las redes básicas de servicios como cloacas, agua, gas y energía eléctrica, así como evaluaciones sobre la integridad estructural del edificio tras años de paralización”.
A fin de subsanar lo que consideran un vacío técnico de magnitud, el bloque de concejales de Fuerza Patria presentó un proyecto de resolución en el marco del trabajo en comisiones. La propuesta plantea que la obra sea sometida de manera imprescindible a una auditoría técnica realizada por una universidad pública o una entidad con la idoneidad académica requerida. Según expuso Caselles, para “defender eficazmente el patrimonio público es imperativo que el municipio cuente con números propios e independientes sobre el costo real de las obras pendientes, en lugar de convalidar sin verificación previa las estimaciones elaboradas de forma unilateral por la propia firma contratista que se beneficiará con las unidades habitacionales”.
En forma paralela al acuerdo empresarial, el paquete normativo contempla un segundo convenio articulado entre el Municipio y la Liga Chivilcoyana de Fútbol. Mediante este instrumento, la comuna cedería a la institución deportiva la totalidad de la cuota parte de locales comerciales que le corresponden al Estado dentro del reparto, como así también se prevé la devolución o cesión del predio deportivo situado sobre la Ruta Provincial 30. “Esta medida busca resarcir históricamente a los clubes locales, quienes en su momento quedaron despojados tanto de sus instalaciones edilicias como de las contraprestaciones comprometidas al inicio del megaproyecto, aunque también genera exigencias de responsabilidad institucional respecto al origen del conflicto”, puntualizó el edil.
Una de las mayores críticas dirigidas hacia el articulado elevado al Concejo estriba en la omisión absoluta de los aproximadamente 130 adquirentes originales. “Se trata de vecinos y familias que en distintas etapas volcaron sus ahorros para acceder a su primera vivienda, registrándose casos donde se abonó desde el 20 por ciento hasta el 100 por ciento del valor de la propiedad sin recibir compensación ni entrega formal alguna”, señaló Caselles.
Ante el descontento manifestado por los damnificados al quedar fuera del texto normativo, el intendente Guillermo Britos y funcionarios municipales resolvieron lanzar una convocatoria oficial dirigida a todos aquellos compradores que dispongan de documentación respaldatoria. La cita fue fijada para el lunes 7 de septiembre a las 18:00 horas en el Centro Universitario de Chivilcoy.
De cara al tratamiento institucional, los convenios fueron votados en comisión para ingresar a la etapa de plenario legislativo este próximo lunes.
En dicha jornada se definirá si el proyecto obtiene el despacho necesario para ser llevado a votación definitiva en el recinto. Desde Fuerza Patria ratificaron su postura de “no acelerar la aprobación de un convenio cerrado de manera apresurada en 15 días tras 40 años de parálisis”. En su lugar, insistirán en postergar la votación hasta concretar la auditoría técnica universitaria, garantizar el diálogo con los adquirentes y asegurar un marco de rigurosidad técnica y absoluta transparencia en resguardo de la ciudad.
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