El Estado nacional registra más de 77 mil puestos menos y lanza un nuevo retiro voluntario
La administración pública nacional acumuló 77.515 puestos de trabajo menos entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, de acuerdo con los registros provistos por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger. La cifra refleja la diferencia neta entre altas y bajas a lo largo de los primeros 32 meses de la gestión de Javier Milei, abarcando tanto a la administración central y descentralizada como a las firmas estatales y las fuerzas de seguridad.
La curva descendente se profundizó de manera continua desde los primeros meses de 2024, cuando la reducción marcó 7.299 cargos menos, hasta alcanzar los 77.515 registrados al cierre de agosto de 2026. La mayor parte de este achicamiento provino de la administración centralizada y descentralizada, seguida por las empresas públicas y, en menor medida, por el personal militar y de seguridad.
En este marco, el Poder Ejecutivo formalizó un nuevo Régimen de Retiro Voluntario mediante el Decreto 1203/2026, firmado el 19 de octubre por el mandatario, el jefe de Gabinete Diego Santilli y Sturzenegger. La convocatoria está dirigida al personal de planta permanente y a quienes cumplen funciones bajo contratos por tiempo indeterminado dentro de la administración centralizada.
La ventana de inscripción permanecerá abierta durante noviembre, con posibilidad de prórroga por hasta treinta días dispuesta por la autoridad de aplicación. Según estimaciones oficiales, unos 20.000 agentes cumplen con las condiciones para sumarse a la iniciativa, aunque cada organismo evaluará las solicitudes y podrá rechazarlas si considera que la partida del trabajador afecta la prestación de los servicios.
El esquema prevé compensaciones económicas calculadas según la edad, la antigüedad y los aportes previsionales, e incluye la supresión definitiva del cargo presupuestario una vez aceptada la baja. Asimismo, la normativa estipula que quienes se acojan al beneficio quedarán inhabilitados para reingresar al Sector Público Nacional por un período de ocho años.
