El Gobierno repudió la visita de la princesa Ana a las Islas Malvinas y exigió reabrir el diálogo

El Ejecutivo nacional emitió un comunicado para repudiar las actividades oficiales desarrolladas por la hermana del rey Carlos III, la princesa Ana, en las Islas Malvinas y Georgias del Sur, al considerar que su presencia bajo la ocupación británica constituye una clara provocación. La Cancillería, bajo la órbita de Pablo Quirno, vinculó este viaje con el avance en la explotación ilegal de hidrocarburos por parte del Reino Unido y exigió el cumplimiento de la Resolución 2065 (XX) de la ONU para destrabar el conflicto de soberanía.
En paralelo a la llegada de la integrante de la Casa Real británica —quien arribó acompañada por su esposo Sir Tim Laurence y cuya partida está fijada para el 20 de noviembre tras recorrer puntos como Puerto Argentino y Mount Pleasant—, la Argentina formalizó acciones en el plano internacional. La delegación nacional acudió ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en Hamburgo, Alemania, con un panel de 21 jueces, para frenar el proyecto petrolero Sea Lion amparándose en la CONVEMAR.
Durante las audiencias, la postura argentina fue defendida por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, junto al embajador Mario Oyarzábal y los expertos jurídicos Marcelo Kohen y Nico Schrijver. Por su parte, la fiscal general británica Ellie Reeves intentó desestimar el reclamo aludiendo a declaraciones del presidente Javier Milei, argumento que fue respondido por Oyarzábal reafirmando la vía pacífica y el derecho internacional.
El litigio apunta a lograr medidas provisionales para suspender perforaciones y evitar daños ambientales irreversibles ante un eventual derrame, cuya probabilidad de afectar el continente fue calculada por las operadoras. Mientras se aguarda la resolución judicial prevista para el 28 de noviembre, el Gobierno nacional ratificó que mantiene abiertas causas penales e iniciativas legislativas contra empresas como Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.