Elecciones en el Consejo de la Magistratura: cuándo votan los abogados y qué se define

Los profesionales de la abogacía con matrícula federal habilitada concurrirán a las urnas el próximo martes 20 de octubre con el objetivo de renovar cuatro escaños dentro del Consejo de la Magistratura de la Nación. El proceso electoral involucrará a cerca de 184 mil votantes distribuidos en todo el país, quienes definirán a los integrantes que cumplirán funciones durante el período 2026-2030.
El desarrollo de los comicios tendrá lugar entre las 9 y las 18 en un total de 96 centros de habilitados bajo un sistema de distrito único nacional. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los sufragios se emitirán en la sede institucional de Avenida Corrientes 1441, mientras que el resto del padrón deberá verificar en las distintas jurisdicciones el sitio asignado para sufragar.
Las agrupaciones participantes debieron cumplir con pautas de paridad de género y representación federal. Cada propuesta postula cuatro aspirantes titulares, exigiendo al menos dos mujeres, dos representantes matriculados en el interior y uno porteño. Las bancas actualmente en poder de Jimena de la Torre, María Fernanda Vázquez, César Grau y Alberto Maques culminan su ciclo, y los salientes manifestaron apoyos a las distintas alternativas en disputa.
Cuatro espacios consiguieron la oficialización ante la Junta Electoral bajo la numeración correspondiente. Abogacía Federal es liderada por Fernando Levene; Abogacía por la Libertad lleva a Luis Palomino; Unidad en Defensa de la Abogacía postula a Alberto Biglieri; y Abogacía Unida y Dignidad Profesional está encabezada por Itatí Demarchi Arballo. Las listas reflejan además terminales de la política partidaria y universitaria.
El organismo compuesto por 20 integrantes cumple funciones clave para el funcionamiento institucional. Entre sus atribuciones principales figuran la organización de los concursos públicos destinados a cubrir cargos vacantes en la justicia federal y nacional, la confección de ternas enviadas al Poder Ejecutivo, la potestad disciplinaria y la intervención en procesos de remoción contra magistrados.