Fallo judicial declara inconstitucional la movilidad jubilatoria de la gestión de Alberto Fernández
Un tribunal federal determinó la inconstitucionalidad del mecanismo de actualización de haberes estipulado por la Ley 27.609, implementado durante el gobierno de Alberto Fernández. La resolución surgió a raíz de un planteo particular elevado contra la ANSES, donde los magistrados constataron que dicho esquema provocó un retroceso del 46,83% en el poder adquisitivo de los beneficiarios. Por este motivo, la medida dispuso reestructurar la retribución del damnificado y abonar las diferencias económicas acumuladas.
El dictamen lleva las firmas de los jueces Nora Carmen Dorado y Juan Alberto Fantini Albarenque. Los magistrados contrastaron los resultados de ambos métodos y detallaron que, mediante el índice objetado, los pagos se incrementaron un 553,55% entre marzo de 2021 y marzo de 2024, al tiempo que el parámetro atado a la evolución de precios habría trepado hasta el 1.129,07%. Asimismo, la resolución recordó que el cálculo previo contemplado en la Ley 27.426 se integraba en un 70% por la inflación y en un 30% por la variación salarial de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables.
A partir de este pronunciamiento, las futuras actualizaciones deberán articularse con el sistema mensual establecido por el Decreto 274/2024. Los jueces aclararon que la sentencia no implica una modificación automática para el conjunto de los pasivos, sino que habilita el camino legal para aquellos ciudadanos que decidan iniciar reclamos individuales. El abogado previsionalista Adrián Trocoli señaló que para aquellos pasivos que se retiraron antes de 2020 y perciben haberes medios o altos, sin acceder al bono extraordinario de 70 mil pesos, el impacto podría traducirse en una mejora del 70% en sus percepciones.
Durante su argumentación, el tribunal subrayó que la validez de una norma no permanece inalterable y advirtió que la Ley 27.609 carecía de una pauta inflacionaria o un piso protector frente al encarecimiento del costo de vida. Dicha falencia quedó expuesta ante la aceleración de precios registrada a partir de 2022. Además, los magistrados aclararon que las ayudas extraordinarias y bonos asistenciales no debían computarse en la comparativa al no formar parte del haber ordinario ni alcanzar a toda la estructura previsional.
Este pronunciamiento representa el segundo antecedente a nivel nacional que invalida el esquema de cálculo dispuesto por la Ley 27.609, luego de una resolución dictada en la Cámara Federal de Mendoza que aguarda la definición de la Corte Suprema de Justicia. El futuro de esta nueva medida quedará sujeto a las apelaciones que puedan presentar los organismos competentes ante las instancias superiores del Poder Judicial.
Por Matías Zucchi.