Darío Corrao se expresó sobre la emergencia en discapacidad y las gestiones que se vienen desarrollando para lograr su prórroga formal hasta 2027
Darío Corrao se expresó sobre la emergencia en discapacidad y las gestiones que se vienen desarrollando para lograr su prórroga formal hasta 2027
El presidente de FETAP e integrante de la comisión directiva del Taller Dignidad de Chivilcoy, Darío Corrao, analizó el complejo panorama que atraviesa el sector ante la finalización del plazo de la ley de emergencia en discapacidad a fin de año. En diálogo con Radio del Centro, el dirigente detalló las gestiones que se vienen desarrollando para lograr su prórroga formal hasta 2027, alertó sobre los incumplimientos de las pautas económicas vigentes e hizo hincapié en el esfuerzo diario que demanda sostener el funcionamiento de los talleres frente al aumento de los costos operativos.
Preocupación por el debate legislativo y la Ley de Empleo Protegido
La principal preocupación del colectivo se concentra en el debate legislativo a nivel nacional, donde se discute la continuidad del esquema de asistencia. Corrao explicó que, tras votarse por unanimidad el tratamiento de la prórroga de la ley de emergencia, surgió un dictamen de minoría que promueve extenderla, mientras que el dictamen de mayoría propone una denominada iniciativa superadora. De acuerdo con lo señalado por el referente, ese proyecto alternativo deja al margen a los talleres protegidos y a diversos prestadores y transportistas, además de no prever fondos en el presupuesto para dar cumplimiento a la Ley de Empleo Protegido 26.816, una demanda que el área sostiene desde hace años ante diferentes administraciones nacionales.
Incumplimientos en asignaciones salariales y retroactivos
En cuanto a la normativa aún en curso, Corrao subrayó que el Estado ya incurre en incumplimientos concretos respecto de las asignaciones para los trabajadores. En el país hay 6.500 operarios de talleres protegidos que perciben actualmente 143.900 pesos correspondientes al 40% del salario mínimo, vital y móvil. No obstante, tras el último ajuste salarial, ese monto debería situarse entre los 151.000 y 153.000 pesos, pero dicha actualización no se aplicó. A ello se suma la falta de pago de la retroactividad correspondiente al año 2023, una situación que perjudica tanto a los trabajadores de los establecimientos como a transportistas y profesionales del ámbito de las terapias y prestaciones.
Gestiones institucionales, reclamos formales y riesgo de judicialización
Frente a este escenario, las instituciones intensificaron las gestiones formales en diversos ámbitos gubernamentales y parlamentarios. Corrao mencionó reuniones mantenidas con referentes del socialismo, entre ellos el diputado Paulón y Farías, así como una asamblea extraordinaria en el Consejo Provincial de Discapacidad (COPRODIS), organismo encabezado por la subsecretaria de Desarrollo de la Comunidad, Bernarda Méndez, e integrado por organismos estatales y entidades con derecho a voto, incluida FETAP. En dicho encuentro se firmó una solicitud formal para prorrogar la ley de emergencia. Asimismo, se llevaron a cabo presentaciones mediante el Foro Permanente de Discapacidad y reuniones con Andis. El dirigente también remarcó que cualquier modificación legal que no convoque de forma obligatoria a las personas con discapacidad y a sus organizaciones resulta inconstitucional y pasible de judicialización, un proceso que dilata resoluciones urgentes vinculadas a coberturas y medicaciones esenciales.
Esquema de responsabilidades entre Nación y la Provincia de Buenos Aires
Respecto a la legislación laboral de fondo, el titular de FETAP recordó la situación de la Ley de Empleo Protegido 26.816 y la adhesión concretada por la Provincia de Buenos Aires. Según explicó, la normativa establece que, una vez que la Nación aplique la ley en su totalidad, la Provincia debe asumir a los dos años el 40% del salario mínimo de los operarios. En tanto, corresponde al Estado Nacional hacerse cargo de los empleados institucionales, la ART de los trabajadores y los estímulos económicos necesarios para el desarrollo de las tareas. Si bien la adhesión provincial brinda un respaldo jurídico para formular reclamos, la falta de instrumentación por parte del gobierno nacional mantiene paralizada su ejecución efectiva.
Impacto de la coyuntura en el Taller Dignidad de Chivilcoy
Esta coyuntura repercute de manera directa en el desenvolvimiento cotidiano de instituciones locales como el Taller Dignidad de Chivilcoy. La entidad cuenta con una panadería en la que se desempeñan 28 operarios con diversas discapacidades, un espacio que cumple una función formativa para una eventual inserción laboral formal. Corrao indicó que los recursos generados por la comercialización de productos deben destinarse íntegramente a cubrir el elevado costo operativo del espacio, lo que impide asignar montos más altos a los trabajadores. De cumplirse la legislación que asigna esos gastos de sostenimiento al Estado, las ganancias de la producción podrían volcarse de forma directa en beneficio de los operarios.
Aumento de tarifas públicas y su efecto en la economía local
A este cuadro operativo se añaden los aumentos en los cuadros tarifarios de los servicios públicos, en especial del gas natural indispensable para el funcionamiento de los hornos rotativos de la panadería. Al respecto, Corrao señaló que el impacto trasciende a la propia entidad y afecta a toda la comunidad. Calculó que, existiendo aproximadamente 21.500 usuarios del servicio en Chivilcoy, un incremento estimado de entre 10.000 y 15.000 pesos por medidor implica que más de 300 millones de pesos mensuales dejan de circular en el consumo de la ciudad para concentrarse en las empresas distribuidoras, lo que a su vez contrae las ventas de productos elaborados por el taller.
Respaldos de la comunidad y el festejo por los 25 años
En contraposición a estas dificultades, el referente resaltó la respuesta brindada por la comunidad chivilcoyana durante el festejo de los 25 años de Dignidad, llevado a cabo en las instalaciones cedidas por el Club Atlanta. La celebración, trasladada de su fecha original del 30 de junio debido a las bajas temperaturas, reunió a unas 250 personas con tarjetas a 30.000 pesos y permitió generar ingresos para el sostenimiento institucional. Durante la jornada se entregaron menciones, entre ellas a la socia fundadora Julieta Medice, y se contó con el aporte voluntario de familias y colaboradores en la atención de los comensales.
Agenda futura: encuentros regionales de talleres protegidos
De cara a la agenda institucional inmediata, FETAP organiza dos encuentros de talleres protegidos programados para el mes de noviembre, con sedes previstas en Lomas de Zamora y Carhué. Dignidad participará del encuentro de Lomas con operarios referentes seleccionados por el grupo, con el propósito de favorecer el intercambio de experiencias entre pares y proyectar nuevas modalidades de trabajo conjunto.
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