Juicios laborales en la Argentina: el mapa de la conflictividad por provincias y sectores
El sistema de riesgos del trabajo en la Argentina atraviesa una marcada paradoja marcada por una baja sostenida en la siniestralidad general pero un volumen elevado de litigiosidad judicial. De acuerdo con las estadísticas difundidas por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, entre enero y julio se acumularon 64.808 demandas, lo que representa una cifra 4,7% inferior a la del mismo tramo del año pasado pero con una distribución territorial muy desigual.
Dentro de ese total, la SRT precisó que hubo 30.041 accidentes de trabajo, 22.084 enfermedades profesionales y 12.649 accidentes in itinere. El promedio general se ubicó en 6,8 litigios cada 1.000 trabajadores cubiertos, aunque el indicador se dispara de forma notable según la jurisdicción. San Luis encabeza el listado con 45,61 casos cada 1.000 empleados, seguida por Córdoba con 34,87, Santa Fe con 26,15 y Mendoza con 14,61. En tanto, la provincia de Buenos Aires contabilizó 25.408 expedientes y la Ciudad de Buenos Aires sumó 12.530.
Desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, su presidenta Mara Bettiol advirtió que las disparidades responden principalmente a los criterios dispares entre la instancia administrativa y los tribunales laborales al momento de fijar indemnizaciones. Según la entidad, el 87% de los juicios ingresa sin una incapacidad previa reconocida por las comisiones médicas oficiales y el 82% corresponde a afecciones de carácter leve.
Al analizar las actividades económicas, la mayor litigiosidad se concentra en sectores de esfuerzo físico como el suministro de agua y cloacas con 17,64 reclamos cada 1.000 operarios, transporte y almacenamiento con 15,36, la industria manufacturera con 14,27 y la construcción con 13,20. Por el contrario, la enseñanza y la intermediación financiera muestran los índices más bajos con 1,03 y 1,41 respectivamente.
El impacto sobre las pequeñas y medianas empresas genera preocupación en el sector productivo ante la imposibilidad de afrontar montos indemnizatorios elevados. Daniel Rosato, titular de Industriales Pymes Argentinos, señaló que las firmas más chicas arrastran litigios durante años que comprometen su viabilidad y desvían fondos que podrían destinarse a mejoras tecnológicas o productivas, mencionando casos donde los pagos superaron los 300 millones de pesos.
