La Corte Suprema ordenó garantizar el derecho a la educación inclusiva en un fallo

El máximo tribunal nacional anuló una resolución judicial de Entre Ríos que había frenado el pedido de escolaridad para una alumna. La decisión busca asegurar que las trayectorias escolares no se interrumpan por exigencias formales.

La intervención se originó tras el rechazo a un recurso que buscaba obligar al Consejo General de Educación a diseñar un plan pedagógico adaptado. En primera instancia se había dado la razón a la familia, pero la justicia provincial exigió continuar un expediente burocrático.

Al evaluar el caso, los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti determinaron que la alternativa administrativa no era útil y constituyó un exceso ritual manifiesto. Se invocó la protección consagrada en el artículo 43 de la Constitución Nacional.

Además, se cuestionó la alternativa inicial ofrecida a la alumna, la cual consistía en asistir únicamente a cuatro asignaturas reducidas en carga horaria. Para el máximo tribunal, esa propuesta incumplía los estándares normativos vigentes y vulneraba la tutela judicial efectiva.

El expediente regresará a los estrados provinciales para la emisión de un nuevo pronunciamiento que se ajuste a las directrices constitucionales y garantice una respuesta célere para la escolarización de la joven.