La Justicia autorizó a Roberto Baratta a viajar a las playas de Buzios para Año Nuevo

Dos Tribunales Orales autorizaron al ex funcionario kirchnerista Roberto Baratta a pasar las fiestas de fin de año en la ciudad brasileña de Buzios, en un viaje de carácter recreativo junto a su familia. Los permisos se concedieron mientras se define la situación procesal del ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión en otra causa penal por supuesto enriquecimiento ilícito, motivo por el cual asistió en persona a Comodoro Py 2002 para participar de una audiencia en la Cámara Federal porteña.
Por mayoría, el Tribunal Oral Federal 3, integrado por los jueces Andrés Basso y Fernando Machado Pelloni, avaló la salida del país desde el próximo 28 de diciembre hasta el 6 de enero de 2027. Los magistrados contemplaron el compromiso del imputado de presentarse ante la Justicia dentro del tercer día hábil posterior a su retorno, el dictamen favorable de la fiscalía y la ausencia de indicadores de fuga. Además, recordaron que ya contaba con el aval del Tribunal Oral Federal 7, donde afronta el juicio del caso Cuadernos junto a la ex presidenta Cristina Kirchner.
En disidencia, el tercer juez del TOF 3, Javier Ríos, planteó condicionar la medida a que se justifique previamente el origen de los fondos para el viaje. El magistrado advirtió una contradicción entre manifestar carencia de bienes para afrontar un embargo y solventar erogaciones turísticas al exterior, por lo que consideró prudente exigir la acreditación de recursos o el pago del monto cautelar antes de la partida.
En paralelo a estas autorizaciones, Baratta estuvo presente en una audiencia de la sala I de la Cámara Federal, donde los jueces Pablo Yadarola, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens revisan su procesamiento por enriquecimiento ilícito dictado por el juez Julián Ercolini, con un embargo de 1.500 millones de pesos. Dicha causa investiga un incremento patrimonial no justificado vinculado principalmente a una propiedad en el Mapuche Country Club de Pilar, adquirida en septiembre de 2012 por 70.000 dólares a nombre de su madre y habitada por su grupo familiar.
El expediente sobre el inmueble detalla que las facturas de construcción, expensas e impuestos se relacionaban con el ex funcionario, e incluso el servicio de cable e internet figuraba a nombre del ex chofer Oscar Centeno. Tanto Baratta como Centeno son juzgados actualmente en la causa principal por presuntas coimas, un proceso en el cual el exremisero actúa como imputado colaborador.