“La situación se agrava para las personas con discapacidad y además, con esta nueva Ley pretenden imponer otra vez auditorías que resultan inaccesibles"

El Gobierno anunció reformas sobre la Ley de Discapacidad que impactará en miles de beneficiarios. Entre las nuevas normativas, confirmó cambios que se aplicarán sobre las Leyes de Discapacidad y Educación Superior, lo que dejará a un porcentaje de beneficiarios sin percibir aumentos en su prestación social. El Ejecutivo anticipó que se modificarán las leyes de discapacidad y educación superior que fueron aprobadas en 2025 en el Congreso de la Nación.

El Gobierno Nacional pretende impulsar una profunda reforma en el sistema de discapacidad, centrada en un proyecto de ley que busca modificar las Pensiones No Contributivas (PNC) mediante un reempadronamiento obligatorio de todos los titulares.

Este proceso, que se alinea con la Ley de Emergencia en Discapacidad N° 27.793 reglamentada en febrero, busca reevaluar las condiciones médicas y socioeconómicas para sostener el beneficio, con riesgo de suspensión automática ante incumplimientos.

En tal sentido, todos los beneficiarios deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y laboral ante el ANSES y otros organismos. Se prevé la suspensión o baja automática de la pensión si no se cumple con el trámite o si se detectan inconsistencias en los cruces de datos (AFIP, SINTyS, etc.).

El proyecto elimina el nomenclador tradicional de prestaciones y busca nuevos mecanismos, lo que ha generado críticas del sector por el posible impacto en la atención de prestadore.

El Congreso ratificó la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que regula la actualización de aranceles y prestaciones.

En Radio del Centro, consultamos al respecto a Gabriela Troiano la Presidenta de REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad) es una organización argentina conformada por personas con discapacidad, familiares y allegados, dedicada a promover y exigir el cumplimiento de sus derechos humanos.

En principio, la Diputada Nacional mandato cumplido, consideró que, “Las situaciones para los sectores en vulnerabilidad, como ocurre con las personas que tienen discapacidad, se manipulan y los argentinos no alcanzamos a dimensionar lo sucedido ante distintas cosas que se dicen y no se termina de entender bien la realidad”.

-¿La Ley de Emergencia nunca se reglamentó?

-El ejecutivo no quiere cumplir una Ley y no es el mejor ejemplo que le puede dar a la ciudadanía; cuesta mucho visibilizar a las personas con discapacidad como sujetos de derecho y que tienen las mismas obligaciones que cualquier otra persona simplemente necesitando ayuda o apoyo para realizar determinadas tareas pero las pueden hacer.

El gobierno nacional no toma nota que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene un rasgo superior incluso a la Constitución que es vinculante para el país y deben cumplirlo, caso contrario, implicará juicios y demandas que deberá solventar el estado argentino pero en el medio se perderán vidas porque cuando una persona depende de un medicamento, una rehabilitación, un tratamiento y no se le brinda, después no hay manera de reparar las consecuencias.

-¿Qué implica la reforma que el gobierno propone en materia de Discapacidad?

-El proyecto que se presenta en realidad es un intento más para bajar la Ley de Emergencia para las personas con discapacidad que buscaron vetar y como no cayó, después no la reglamentaban y ahora, solamente la parte de los prestadores y profesionales en relación a actualización de los montos en asignación de las prestaciones sin determinar.

La presentación que realiza el gobierno nacional es una presentación no solamente a la actual Ley de Emergencia si no también a la 24.901 que garantiza las prestaciones totales en los tratamientos médicos que necesitan las personas con discapacidad, modifican nuevamente lo concerniente a las pensiones no contributivas y hacen referencia otra vez a la invalidez laboral, un concepto muy vetusto.

De hecho, una vez aprobada la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en 2008 y luego se brinda un rango institucional en 2014 se modifica el Código Civil planteándose la reparación integral porque no solamente es difícil que puedan acceder al trabajo con un estado que no cumple el cupo laboral si no que además tener la pensión es la puerta a poder contar con un programa como el Incluir Salud que no es muy bueno pero al menos les garantiza el acceso a los medicamentos como asimismo a sus tratamientos para que puedan afrontar sus vidas.

-¿No se respetan o se desconocen los derechos de la Convención?

-El lema que le ponen a la Ley es ‘para terminar con el fraude’ pero no lo hacen las personas con discapacidad cuando no están garantizando un derecho desde hace tres años pero prefieren echar culpas en lugar de recibir asesoramiento y aprender acerca de los contenidos de la legislación para que estén acordes a la Convención.

Cuanto tiempo estuvo Spagnuolo como director de la Agencia Nacional de Discapacidad a pesar de concerniente a las coimas, donde estuvo involucrada la hermana del Presidente, sin cumplir la legislación aunque la conocía como abogado. Las personas que ocupan puestos de poder tienen que dar el ejemplo en todo pero si partimos con una campaña electoral donde exhibieron una motosierra no puede salir algo bueno a partir de ello. Hay que pensar con el corazón y con la cabeza, resolviendo las problemáticas de un país que no deja de ser una casa muy grande que incluye a toda la población.

-¿La realidad de los salarios y prestaciones de salud?

-El monto que perciben los operarios de los talleres protegidos no aumentó continúan percibiendo $28 mil pero tampoco recibieron un incremento los transportistas ni a los profesionales en su atención provocando que todo el sistema vaya colapsando y el hilo se corte por lo más delgado que son las personas con discapacidad debido a que si no cuentan con un automóvil o transporte accesible para movilizarse se deben quedar encerradas en sus casas sin posibilidad de acceder a la educación, a la salud, a la cultura, a un trabajo. Toda una situación engorrosa que ante una desregulación y la necesidad de movilizarse no puedan acercarse al centro médico donde reciben sus controles.

La situación se agrava para las personas con discapacidad y además, con esta nueva Ley pretenden imponer otra vez auditorías inaccesibles para las personas con discapacidad e incluso en algunos lugares se los recibía en un espacio público para hacer el trámite sin tener en cuenta siquiera el grado de discapacidad, personas con movilidad reducida teniendo que buscar la manera de acercarse para llevar los estudios ni tampoco contemplando los tiempos de demora que pueden llegar a los tres meses para recibir un resultado médico de un Hospital, un montón de aspectos que obstaculizan el acceso a derechos de las personas con discapacidad.

-¿Sigue costando la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad?

-Resulta difícil que a las personas con discapacidad se las tenga en cuenta como un igual y de hecho, años atrás se las denominada minusválidas y muchos en esa mirada piadosa no entienden que viven, sienten y quieren hacer cosas igual que otros con la misma capacidad para realizarse. Asimismo, cuando se utiliza el término capacidades diferentes en realidad las tenemos todos y por eso, desempeñan distintas profesiones eligiendo lo que quieren ser llevándolo a cabo en función justamente de sus capacidades e incluso hasta recibiendo el apoyo adecuado de la misma manera que lo puede precisar una persona sorda, ciega o con una movilidad reducida.

La realidad es compleja y con una falta de solidaridad teniendo en cuenta que a cualquiera le puede ocurrir el hecho de tener alguna discapacidad, por eso el ponerse en ese lugar al momento de actuar y hacernos reflexionar; no dirigirse a una persona con discapacidad don desprecio ni sobreprotegerla si no tratarla como quien puede tener una vida autónoma, independiente y para eso requerirá apoyos pero lo puede llevar a cabo.