Las inversiones extranjeras no son ni buenas ni malas en sí mismas. Todos los países tratan de atraerlas.
Hasta los EE.UU. que son la mayor potencia mundial y que hace inversiones en todo el mundo, también las recibe. Pero, las inversiones extranjeras pueden ser beneficiosas para el país receptor si sirven para estimular el progreso, crear fuentes de trabajo dignas y para financiar obras muy costosas que con los recursos de un solo Estado no se pueden encarar. A la vez pueden ser muy perjudiciales para el país que las atrae si no son puestas al servicio del interés nacional y no se someten a su legislación. Sabemos que el inversor capitalista no viene a hacer beneficencia. Él viene a hacer buenos negocios y procura que cada dólar que invierte se convierta en dos, tres, diez o cien dólares. Porque el inversor, el hombre de negocios, está dominado por el egoísmo capitalista que lo impulsa a querer ganar siempre más.
Los países del tercer mundo (casi todos los asiáticos, los africanos, algunos de Oceanía y los latinoamericanos) son ricos en potencia, pero les falta desarrollar un capitalismo financiero que les permita disponer de los capitales necesarios para explotar sus propias riquezas. Por ello se ven obligados a pedir préstamos o a atraer capitales. Es de la única manera que pueden llegar a explotar en forma rápida sus recursos naturales (mientras desarrollan su propio capital) para aprovechar por ejemplo: las riquezas del subsuelo (petróleo, gas) y sus minerales. De allí que sea tan importante tener una legislación que proteja los intereses nacionales en aspectos tan importantes como el ecológico, los relativos a la soberanía y el bienestar del pueblo alcanzado por dichas inversiones.
El egoísmo capitalista es el que impulsa a los inversores a reducir los costos a su mínima expresión para ganar lo máximo. Lo que implica que ellos desearían no tener que invertir dinero en higiene y seguridad; que la jornada laboral fuese de 16 horas o más, que no existieran los feriados ni la legislación social y que se pudieran pagar sueldos ínfimos.
Por eso cuando los gobiernos nacionales y populares defienden sus intereses algunos historiadores, opinadores y periodistas de países poderosos y de los países subdesarrollados que están al servicio de los intereses extranjeros, califican a estos gobiernos de “populistas”, que es una frase despectiva. Que implica que los acusan de demagogia, cuando en realidad son nacionalistas -en el buen sentido de la palabra- o patriotas por defender los intereses de su propio país y populares por velar por el bienestar de su pueblo.
Para ello dictan leyes sociales que protegen a los trabajadores y les reconocen sus derechos, limitan el poder de decisión del inversor extranjero sobre el territorio nacional mediante una legislación que los obliga a cuidar el medio ambiente, castiga su alteración y controlan su actividad económica para que pague los impuestos correspondientes y se lleve sólo la parte de la ganancia que le corresponde y la otra quede para el Estado como está establecido en el tratado o contrato. Esto se hace a través de organismos especializados que deben funcionar correctamente en forma autárquica (es decir dotados de su propio presupuesto) estando al servicio del pueblo y vigilados por los tres poderes.
En otros casos el gobierno nacional participa junto con los inversores nacionales o extranjeros en algunos emprendimientos formando sociedades mixtas, donde es aconsejable que la participación del Estado no sea inferior al 51% del capital accionario, para que sea siempre la opinión del Estado, que es quien pone los recursos naturales, casi toda la mano de obra y una parte importante del capital; el que tenga la última palabra en la toma de decisiones, para impedir que se haga algo que lo perjudique.
Esto quiere decir que el Estado tiene la responsabilidad irrenunciable de buscar un equilibrio entre la lógica necesidad de obtener ganancias que tienen las empresas, pues sin ganancia, esta no puede existir y el cumplimiento de los derechos de los empleados que aportan su trabajo.
Además, las ganancias son necesarias para pagar buenos sueldos, las cargas sociales, reinvertir en la actividad que se desarrolla y abonar las cargas fiscales correspondientes y para que los empresarios cosechen el fruto de su esfuerzo, se tenga en cuenta su posibilidad de enfrentar riesgos, se valore su trabajo, capacidad de inventiva y planificación y la alienten entre su personal.
Para que esa ganancia sea legítima, ella se debe basar en la buena calidad del producto o servicio que presta la empresa, su buen precio y todas las cualidades que lo hagan competitivo.
De modo tal que el Estado tiene siempre que lograr un equilibrio en la relación capital trabajo, para que el más fuerte no se abuse del débil y todos cumplan con sus obligaciones (que en el caso de los empleados implica trabajar con idoneidad, responsabilidad, cumplir con los horarios y cuidar el material de trabajo que se le confía a su cuidado para su labor, brindar sus conocimientos a quien le paga por ellos, lealtad, etc.) de esa manera las inversiones son rentables para todos y el Estado cumple con su rol de trabajar para el bien común.
Por Rubén Osvaldo Cané Nóbile
Cita
1) – Imagen tomada de https://es.123rf.com/photo_72067990_pilas-de-un-mill%C3%B3n-de-d%C3%B3lares-en-billetes-de-cien-d%C3%B3lares-en-la-mesa-verde-.html. Consulta del 28/12/2020.
