Lázaro Báez suma 15 años de prisión y un millonario decomiso de bienes por causas de corrupción
El empresario Lázaro Báez permanece alojado en la cárcel de Ezeiza desde el 5 de abril de 2016, fecha en la cual el juez federal Sebastián Casanello dispuso su arresto en el marco del expediente caratulado como Ruta del Dinero K. A lo largo de los años, el contratista acumuló una pena unificada de 15 años de reclusión debido a diversas sentencias dictadas por los tribunales federales en expedientes vinculados al manejo irregular de fondos públicos y operaciones financieras ilícitas.
Entre los expedientes más destacados figura la causa Vialidad, la cual examinó la asignación de obras viales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. En dicho proceso, la Corte Suprema ratificó una condena de seis años de prisión contra el imputado como partícipe necesario de administración fraudulenta. Asimismo, la Cámara Federal de Casación Penal avaló la incautación de ochenta y cuatro inmuebles pertenecientes al empresario y a firmas de su conglomerado comercial, tales como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, como parte de una reparación patrimonial fijada en 684.990 millones de pesos.
En paralelo, el máximo tribunal dejó firme una sentencia de diez años de reclusión contra Báez por lavado de activos agravado dentro de la mencionada pesquisa sobre la Ruta del Dinero K. Meses después, el Tribunal Oral Federal 4 unificó ambas sanciones para fijar una pena única de 15 años. Dicho tribunal también dictó una condena de cuatro años y medio de prisión por maniobras vinculadas a la adquisición de la estancia El Entrevero en Uruguay, un fallo que Casación ratificó posteriormente.
El abanico de procesos judiciales incluye además los expedientes Hotesur-Los Sauces y M&P, los cuales continúan su curso procesal bajo la órbita de los tribunales orales. La hipótesis fiscal sostiene que el grupo empresarial canalizó recursos de procedencia irregular mediante contratos comerciales y alquileres inmobiliarios gestionados en conjunto con otras firmas investigadas por la Justicia.
Desde su aprehensión inicial, la defensa legal intentó en reiteradas oportunidades lograr una morigeración de su encierro carcelario. Recientemente, el letrado Cristian Pérez asumió la representación del condenado de 70 años y proyecta nuevas estrategias procesales para solicitar el arresto domiciliario, fundamentando el pedido en su cuadro de salud y en la situación familiar que atraviesa.
