Marcha e intento opositor de sesionar por el DNU 70, las universidades, la discapacidad y el endeudamiento
Marcha e intento opositor de sesionar por el DNU 70, las universidades, la discapacidad y el endeudamiento
La consigna de defensa de la educación pública y de la soberanía nacional reunirá este jueves a estudiantes, docentes, sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos en una movilización que tendrá su epicentro frente al Congreso, donde la oposición intentará tratar un proyecto de ley con media sanción para derogar el decreto 70/23, pero también el proyecto de financiamiento universitario y varios proyectos sobre endeudamiento de las familias.
En la Ciudad de Buenos Aires, las primeras actividades están previstas desde las 10.30, mientras que distintas organizaciones comenzarán a concentrarse entre las 12.30 y las 13.30 en las inmediaciones del Congreso. Las dos CTA convocaron a reunirse a las 13 en Avenida de Mayo y Salta, y el acto central universitario está anunciado para las 16 en la Plaza del Congreso.
La movilización contará con la participación de las centrales sindicales, gremios universitarios, agrupaciones estudiantiles, organizaciones de jubilados, movimientos sociales, colectivos ambientalistas, sectores vinculados a la discapacidad y agrupaciones políticas de la oposición.
La quinta Marcha Federal Universitaria fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y mayores recursos para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio.
La legislación establece mecanismos para recuperar el poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes, actualizar las becas estudiantiles y sostener las actividades académicas y científicas. Sin embargo, el Gobierno condicionó su puesta en marcha a la identificación de fuentes presupuestarias, una decisión que dio lugar a distintas presentaciones judiciales.
El conflicto sumó este miércoles un nuevo capítulo cuando el juez federal Martín Cormick impuso una multa de 100.000 pesos diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar que ordenaba avanzar con las recomposiciones salariales y las becas.
La sanción se produjo después de que el Consejo Interuniversitario Nacional denunciara que el Ejecutivo había dejado vencer los plazos fijados por la Justicia sin concretar las actualizaciones reclamadas. El magistrado advirtió que tanto el monto de la multa como los funcionarios alcanzados podrían modificarse si continúa el incumplimiento.
Además de exigir la aplicación de la ley, las universidades cuestionan las partidas previstas en el proyecto de Presupuesto 2027, que consideran insuficientes para atender las necesidades del sistema educativo y científico.
En su convocatoria, la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) reclamó el cumplimiento de las decisiones judiciales y sostuvo que la movilización busca defender tanto la educación superior como la investigación científica. La Universidad Nacional de las Artes (UNA), por su parte, convocó a sumarse a los reclamos por la soberanía, la democracia y los derechos de las personas con discapacidad.
La quinta Marcha Federal Universitaria
La marcha también estará atravesada por el rechazo al DNU 70/2023, firmado por Milei en diciembre de 2023, que introdujo modificaciones y derogaciones en numerosas leyes. Entre ellas se encuentra la Ley 26.737 de Tierras Rurales, que establecía restricciones a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
Esa legislación fijaba un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales y establecía topes adicionales por nacionalidad y por propietario. Su derogación provocó cuestionamientos de organizaciones ambientalistas, sectores políticos, movimientos sociales y agrupaciones de excombatientes de Malvinas.
La discusión volvió a ocupar el centro de la escena después de una serie de decisiones judiciales. El 29 de septiembre, la Corte Suprema revocó un fallo que había declarado inconstitucional la derogación de la ley, al considerar que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) no estaba legitimado para promover esa acción.
Sin embargo, el 9 de octubre, el máximo tribunal dispuso restablecer provisoriamente los efectos de una medida cautelar que protege la vigencia de la Ley de Tierras, en el marco de otra presentación judicial impulsada por la Asociación Civil Árbol de Pie.
La decisión no resolvió definitivamente la constitucionalidad de la derogación, por lo que las organizaciones convocantes mantienen el reclamo de una solución legislativa.
La Asociación Argentina de Actores y Actrices también anunció su participación en la jornada y vinculó la defensa de la soberanía con la protección de los recursos nacionales y el derecho a una educación y una cultura propias.
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