El derecho a protestar no es el derecho a ejercer la violencia
El derecho a protestar no es el derecho a ejercer la violencia
En una sociedad democrática, el derecho a manifestarse, reclamar y expresar
disconformidad es indiscutible. La protesta es una herramienta legítima para hacer
visibles las injusticias, exigir respuestas y defender intereses individuales o colectivos.
Pero existe una distinción esencial: el derecho a protestar no habilita el ejercicio de la
violencia.
Una reivindicación, por justa que sea, no legitima las agresiones, las amenazas ni la
destrucción de bienes públicos y privados. Cuando la fuerza reemplaza a la palabra y la
intimidación sustituye al diálogo, se vulneran derechos y se debilita la convivencia
democrática.
Los acontecimientos registrados en Madrid y París ilustran esta problemática. En distintas
manifestaciones se han registrado episodios de enfrentamientos, daños materiales e
intervenciones policiales. Estos hechos no descalifican a todos los participantes ni
invalidan sus demandas, pero demuestran que ningún reclamo puede justificar conductas
violentas. La protesta pacífica merece protección; la violencia, en cambio, exige una
respuesta institucional ajustada a derecho.
Cuando se pretende imponer una reivindicación mediante la fuerza, no solamente se
vulnera la ley: también se retrocede como sociedad. Se reproducen prácticas propias de
épocas medievales, anteriores al constitucionalismo moderno, cuando la fuerza de quien
podía imponer su voluntad prevalecía sobre el derecho. Precisamente, el
constitucionalismo nació para limitar el poder, garantizar libertades y someter las
conductas a reglas comunes.
En la Argentina, también debemos reflexionar sobre las manifestaciones presentadas
como acciones «en defensa de la educación». Nuestra Constitución Nacional reconoce,
en su artículo 14, el derecho de enseñar y aprender. La legislación educativa, por su
parte, establece obligaciones estatales para garantizar el acceso a la educación.
Por eso, resulta cuestionable invocar la defensa de la educación para justificar actos
violentos, intimidaciones o daños que terminan perjudicando a la propia comunidad
educativa. Discutir presupuestos, salarios, infraestructura o políticas educativas es
legítimo y necesario. Pero defender la educación no puede significar desconocer los
derechos ajenos ni convertir la violencia en instrumento de presión. La educación se
defiende con argumentos, participación democrática y respeto por la ley, no
mediante la destrucción ni la intimidación.
Frente a estas situaciones, el Estado tiene una obligación irrenunciable: proteger la vida,
la integridad física y los bienes de las personas, así como los bienes públicos, preservar
las instituciones y restablecer la paz social. Para ello ejerce el monopolio legítimo de la
fuerza pública, cuyo empleo debe ajustarse a la Constitución y las leyes, con necesidad,
proporcionalidad y responsabilidad.
Esto exige una doble conducta: garantizar las manifestaciones pacíficas y actuar frente a
las agresiones. La intervención debe proteger a las personas, contener la violencia y
distinguir a quienes protestan pacíficamente de quienes cometen ilícitos. El uso de la
fuerza no puede convertirse en represión indiscriminada ni en castigo al disenso.La paz social no significa ausencia de conflictos, sino la capacidad de resolverlos dentro
del orden jurídico. Por eso, la formación ciudadana y el respeto por las normas deben
incorporarse desde la escolaridad, para que las nuevas generaciones comprendan que la
libertad implica derechos, pero también responsabilidades.
Una democracia sólida no es aquella en la que nadie protesta, sino aquella en la
que todos pueden reclamar sin miedo y sin violencia.
Ninguna causa está por encima de la ley, ni ninguna autoridad por encima de los
derechos humanos. Defender ambos principios es indispensable para vivir en libertad, con
justicia y en paz.
Por Luis María Mariano
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