La política del descreimiento, de 1985 a hoy
La política del descreimiento, de 1985 a hoy
El Plan Austral no necesitó un enemigo declarado para empezar a morir. Le bastó con que muchos
dejaran de creer en él. Su objetivo era terminar con el nanciamiento del Estado mediante emisión
monetaria y alcanzar el equilibrio scal. Funcionó mientras la sociedad creyó que el compromiso
era serio. Hoy, como en 1985, el peronismo vuelve a ocupar la oposición frente a un programa de
estabilización económica.
Todo plan depende de las expectativas, y estas se erosionan con el con icto permanente. Durante el
gobierno de Alfonsín hubo trece paros generales de la CGT conducida por Ubaldini, una oposición
peronista que confrontó con las medidas o ciales y planteamientos militares que presionaron sobre
la democracia y las cuentas públicas. Desde nuestra lectura radical, también hubo dirigentes
peronistas que cuestionaron internacionalmente al gobierno cuando el nanciamiento externo se
volvía decisivo. Alfonsín cometió errores propios, pero el desgaste político contribuyó a profundizar
la crisis.
Hoy la escena presenta diferencias, aunque reaparece una lógica semejante. Las movilizaciones
expresan reclamos legítimos, pero también pueden convertirse en instrumentos para instalar la idea
de que el plan fracasó y el Gobierno está aislado. Cuando una protesta deriva en destrozos de
plazas, bancos y bienes públicos, el reclamo pierde legitimidad en sus formas. Defender el
patrimonio común no signi ca suprimir el derecho a manifestarse: signi ca impedir que la violencia
destruya aquello que todos sostenemos con nuestros impuestos.
A ese escenario se suma políticamente el Poder Judicial. La Ley de Financiamiento Universitario
fue aprobada por el Congreso y el veto presidencial fue rechazado mediante la mayoría
constitucional requerida. Sin embargo, una ley que dispone gastos también plantea la cuestión de su
nanciamiento. Cuando el con icto llega a los tribunales, las decisiones judiciales pueden incidir
sobre la política económica sin asumir directamente la responsabilidad presupuestaria. La discusión,
por tanto, no consiste en negar el control judicial, sino en delimitar sus alcances y considerar sus
consecuencias scales.
¿Es la baja in ación un valor en sí mismo? Después de una gestión anterior que dejó una in ación
anual superior al 200%, la estabilidad constituye una condición fundamental para recuperar salarios
reales, crédito y previsibilidad. Se argumenta que el nanciamiento universitario representa apenas
entre el 0,14% y el 0,26% del PBI. Aun si el monto fuera relativamente reducido, importa el
principio: la sostenibilidad scal puede deteriorarse cuando se acumulan excepciones sin evaluar
cómo se nanciarán.
Las diferencias entre ambos planes son evidentes: el Austral recurrió, entre otras herramientas, al
congelamiento de precios y salarios; el actual prioriza el ajuste del gasto. Pero ambos muestran la
importancia de la credibilidad. Cuando esta se pierde, el costo termina recayendo sobre toda la
sociedad, especialmente sobre los sectores más vulnerables.
También merece revisión la consigna «En defensa de la educación pública». La educación pública
está reconocida y protegida por la Constitución Nacional; por eso, sería más preciso discutir si
existe des nanciamiento, en qué medida y con qué evidencia. Además, el gobierno anterior,
encabezado por Alberto Fernández y con Sergio Massa como ministro de Economía, realizaron un
fenomenal ajuste al nanciamiento de la educación reduciendo los recursos destinados a la misma.
Ese antecedente debe formar parte del debate actual, sin convertirlo en una excusa para desconocer las necesidades universitarias y presentarse los peronista a la marcha como si no fueran activos
responsables.
La pregunta de fondo no es si las universidades merecen recursos: los necesitan. Hay preguntarse
quién asume la responsabilidad por las consecuencias de sus decisiones y si son los mismos que
pretenden obtener rédito político trasladando los costos a otros.
La lección del Austral sigue vigente: ningún programa económico sobrevive si cada di cultad se
transforma en una oportunidad para debilitarlo. La credibilidad se construye con decisiones
coherentes y se destruye cuando las contradicciones se olvidan deliberadamente. Un país que
convierte cada ajuste en una batalla partidaria termina pagando un precio conocido: frustración
ciudadana y oportunidades perdidas.
Por Luis María Mariano
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