Malvinas es una causa que no tiene dueño
Malvinas es una causa que no tiene dueño
Malvinas no comenzó con la guerra de 1982. Para los argentinos, la historia de las islas tiene un
punto de inflexión en 1833, cuando fueron ocupadas ilegalmente por el Reino Unido. Desde
entonces, durante generaciones y determinados por la educación, fuimos incorporando Malvinas a
nuestra identidad nacional. Lo hicimos por razones históricas, geográficas y jurídicas, pero también
por una razón profundamente emocional: sentimos esas islas como parte de nuestra Nación.
Sin embargo, Malvinas no es solamente una causa sentimental. Es también una cuestión reconocida
por el Derecho Internacional y particularmente encuadrada por las Naciones Unidas.
En 1965, la Asamblea General aprobó la Resolución 2065 (XX), que reconoció la existencia de una
disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y llamó a ambos gobiernos a negociar para
encontrar una solución pacífica, teniendo en cuenta los intereses de la población de las islas.
En 1976, la Resolución 31/49 volvió a reclamar que esas negociaciones fueran aceleradas y pidió a
ambas partes abstenerse de adoptar decisiones que implicaran modificaciones unilaterales de la
situación mientras continuara el proceso recomendado por las Naciones Unidas.
Hay, entonces, una cuestión esencial que no deberíamos perder de vista: Malvinas no es solamente
una reivindicación argentina; es una disputa de soberanía reconocida internacionalmente, cuya
solución las Naciones Unidas han vinculado al diálogo y la negociación entre la Argentina y el Reino
Unido.
Hoy aparece, además, una circunstancia internacional que merece particular atención. Estados
Unidos ha mantenido aparente e históricamente, una posición de neutralidad respecto de la
soberanía de las islas, aunque durante la guerra de 1982 brindó asistencia al Reino Unido. El 31 de
agosto de 2026, Donald Trump dijo que estaba revisando la posición estadounidense sobre Malvinas,
sin anunciar un cambio formal de política. La cuestión se inscribe en un contexto de tensiones entre
Washington y Londres vinculadas al escenario de guerra en Medio Oriente.
Si esta circunstancia abre una nueva oportunidad diplomática para la Argentina, no debería
transformarse en un nuevo motivo de enfrentamiento interno.
Y aquí aparece una responsabilidad que alcanza especialmente a la oposición política argentina.
La oposición tiene todo el derecho —y también el deber— de controlar al Gobierno, señalar sus
errores y cuestionar sus decisiones. Pero una cosa es ejercer ese control republicano y otra convertir
una causa nacional en una disputa partidaria, especulativa o electoralista.
Malvinas exige algo diferente.
Si el Gobierno de turno toma la iniciativa de colocar la soberanía argentina nuevamente en el centro
de la agenda internacional, la oposición no debería reducir esa iniciativa a una oportunidad para
detractar al Presidente o desgastar al Gobierno. Debe poder cuestionar, proponer alternativas y
exigir mejores estrategias, pero procurando que sus críticas sirvan para fortalecer la posición
argentina y conducirla hacia la mejor solución pacífica posible.
Porque acompañar la causa no significa acompañar al Gobierno en todo. Significa comprender que
quien hoy ejerce la Presidencia es circunstancial, mientras que la soberanía argentina sobre Malvinas
constituye una cuestión permanente.
Milei pasará. Los gobiernos pasan. Los partidos pasan.
Malvinas permanece.
Por eso, la cuestión Malvinas debería ser una verdadera política de Estado: oficialismo y oposición
pueden —y deben— discutir los instrumentos, las estrategias y las decisiones concretas, pero sin
perder de vista el objetivo nacional. La crítica republicana no pierde fuerza cuando evita la
especulación electoral; por el contrario, adquiere mayor responsabilidad cuando busca mejorar
aquello que hace el Gobierno en nombre de la República.
La Constitución Nacional, desde la reforma de 1994, ratifica la legítima e imprescriptible soberanía
argentina sobre las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y establece como objetivo
permanente e irrenunciable su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo
de vida de sus habitantes y conforme a los principios del Derecho Internacional.
Ese mandato constitucional también marca el camino. 1982 pertenece a nuestra historia, pero no
puede volver a ser nuestro método. La guerra no puede ser el camino. La diplomacia, la negociación
y el Derecho Internacional sí.
Y respetar el modo de vida de los habitantes de las islas no significa convertirlos en una tercera parte
con capacidad para decidir por sí mismos la soberanía del territorio. La posición argentina sostiene,
en consonancia con el encuadre de Naciones Unidas, que existe una disputa de soberanía entre dos
Estados y que su solución debe alcanzarse mediante la negociación, teniendo en cuenta los intereses
de la población de las islas.
Por eso, frente a una eventual oportunidad internacional, la Argentina necesita menos mezquindad
de la oposición opaca y más sentido de Nación.
Malvinas no es de Milei.
No es de la oposición.
No es de un partido.
Malvinas es una causa argentina.
Y una democracia madura no exige unanimidad política para defender una causa nacional. Exige algo
más valioso: que oficialismo y oposición sean capaces de discutir con firmeza los caminos sin perder
de vista el objetivo; ejercer el control republicano sin convertirlo en mezquindad partidaria; y
acompañar al Gobierno, cuando corresponda, no por quién lo conduce, sino porque representa
circunstancialmente a la República Argentina.
Porque la soberanía no cambia con las elecciones.
Los gobiernos son circunstanciales. La Nación es
permanente. Y Malvinas también.
Por Luis María Mariano
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