Pablo Abramovich: “Estamos 10 puntos por debajo de la inflación"

Ante la postergación de la reunión paritaria prevista para el día de hoy (por el viernes), la Asociación Judicial Bonaerense dispuso un Paro Total de actividades para el próximo lunes 5 de octubre. La mesa salarial se reanudará el próximo martes.

El Ministerio de Trabajo notificó a la Asociación Judicial Bonaerense la postergación de la reunión paritaria convocada para este viernes, fijando nueva fecha para el próximo martes en horas del mediodía.

“La suspensión de la mesa salarial se produce en un contexto de máxima incertidumbre por la demora en la actualización de los salarios de las y los trabajadores judiciales, y en una semana en la que el Ejecutivo provincial mantuvo reuniones y realizó propuestas salariales a los gremios de la administración pública y del sector docente”, esgrimió Pablo Abramovich, Secretario General de Asociación Judicial Bonaerense.

Además, consignó: “Tal como fuera anticipado luego de la ausencia de una propuesta de recomposición salarial en la reunión del viernes pasado, y en línea con el mandato de las asambleas departamentales, la AJB resolvió decretar un paro total de actividades para el próximo lunes 5 de octubre en todas las dependencias judiciales de la provincia”.

“Llegamos a esta medida de fuerza por la falta de decisión del Ejecutivo provincial de abrir la negociación para la recomposición de nuestros salarios”, enfatizó Abramovich, y señaló: “Desde el mes de mayo venimos reclamando una oferta salarial concreta que garantice que no sigamos perdiendo la carrera contra la inflación, y esta nueva postergación exige reforzar el reclamo construyendo un paro masivo de actividades para que el gobierno entienda que la situación exige una respuesta urgente”.

En función de las modalidades de trabajo impuestas durante la pandemia, la medida de fuerza implica la no concurrencia a los lugares de trabajo para quienes están realizando tareas de manera presencial y apagón informático durante toda la jornada del lunes para quienes están realizando trabajo remoto.

-¿Qué plantean?

-La AJB reclama que se garantice un aumento salarial superior o igual a la inflación para 2020, avanzar en un proceso de recuperación del poder adquisitivo perdido durante los años 2018 y 2019 y la liquidación al 3% de los años de antigüedad que se pagan por debajo de ese porcentaje (1996-2005).

Asimismo, la AJB plantea la necesidad de darle continuidad a las mesas técnicas para la sanción del proyecto de ley de negociación colectiva para el Poder Judicial; el abordaje de la crisis de infraestructura edilicia; el nombramiento de personal, y la devolución de los descuentos por los paros realizados en 2018 y 2019.

También planteamos al gobierno la incorporación a planta permanente de las y los trabajadores que actualmente realizan esa tarea contratados por las empresas tercerizadas de limpieza y la creación de una partida extraordinaria para el Poder Judicial que permita financiar gastos en medidas de prevención contra el COVID-19 (instalación de barreras fijas de protección en todos los espacios de atención al público, solución de los problemas en la provisión de equipamiento de protección personal y en el servicio de limpieza).

-¿Cómo evalúa las convocatorias anteriores?

-En realidad desconocemos el objetivo del gobierno en las reuniones paritarias realizadas la semana anterior porque fueron convocadas, pero en ninguna de ellas hubo ofertas concretas. El gobierno se limitó a receptar el reclamo de los gremios que además ya los conocía porque venimos haciendo los mismos desde hace meses, por eso manifestamos el malestar de no recibir ofertas ese día y se haya pospuesto la negociación.

Es un reclamo que se viene planteando desde hace mucho tiempo como es el deterioro de los salarios, en el caso de los judiciales debíamos retomar una negociación paritaria en el mes de mayo y recién la estamos abordando a fines de septiembre, cuatro meses después y donde los salarios este año quedaron muy por debajo de la inflación.

-¿Qué aumento recibieron hasta el momento?

-Solamente tenemos otorgado un aumento del 9 por ciento en 2020 cuando la inflación acumulada del mes de agosto está en un 19 por ciento, estamos 10 puntos por debajo de la inflación y el deterioro se suma al que venimos registrando desde los últimos dos años de la gestión Vidal donde los y las judiciales perdimos un 26 por ciento del salario.

-¿Se puede hablar de porcentajes en la próxima convocatoria?

-El problema de los porcentajes obedece a que estamos discutiendo el aumento salarial para este año pero nadie sabe cómo terminará 2020 en materia inflacionaria, por lo tanto se vuelve a poner de manifiesto que haya algún mecanismo de actualización ya sea clausula gatillo o algún otro que garantice que los salarios no queden por debajo de la inflación, así permitirnos acompañar el aumento de los precios de este año e ir recuperando aunque sea una parte de lo perdido años anteriores.

El aumento anual debería estar por encima del 30 por ciento indudablemente, es lo mínimo que se proyecta de inflación para este año e iría en línea con el aumento salarial que se dispuso para la Policía.

-¿Siente que será una negociación complicada?

-Notamos complicada la negociación, indudablemente que la situación económica a nivel nacional y provincial inciden en esa complejidad, pero también debe existir voluntad política del gobierno provincial para resolver el problema e implica la necesidad de recursos o de poner a disposición aquellos que quizás en este momento no tiene, pero sí cuenta con la posibilidad de discutirlo con el estado nacional que se encuentra asistiendo a diferentes provincias en esta clase de financiamientos de aumentos salariales.

El gobernador tiene la responsabilidad de resolverlo, no puede trasladar el costo de esa situación a quienes estamos sosteniendo el estado, en muchos casos en las peores condiciones como los y las trabajadores judiciales que durante estos meses de pandemia realizaron tareas presenciales o en sus domicilios poniendo sus equipamientos a disposición. El estado debe entenderlo y recompensarlo.

-¿Las condiciones laborales?

-A las dificultades propias de la pandemia que atravesó a todos los trabajadores y trabajadoras se suma que en el estado provincial veníamos con una crisis en varios aspectos, una de ellas la edilicia haciendo que en el Poder Judicial se trabaje con niveles muy altos de hacinamiento, con edificios que no estaban en condiciones en materia de seguridad e higiene para funcionar que en pandemia se profundizó. Tampoco estaba garantizado el servicio de limpieza dentro de este contexto y provoca que se sumen niveles de riesgo a los trabajadores que realizan tareas presenciales.

-¿Tuvieron trabajadores contagiados?

-Ya tenemos más de 550 judiciales que se contagiaron de Covid en el marco de la pandemia y obedece a que no se implementaron correctamente los protocolos de prevención y no se hizo la inversión adecuada para que puedan trabajar con seguridad y sin riesgos de contagios, es otro de los reclamos que estamos acercando a la paritaria.

Es necesario que el poder ejecutivo asigne una partida extraordinaria para los datos de prevención como barreras de vidrio en las mesas de entrada, garantizar la provisión de equipamiento de protección personal y el servicio de limpieza.

-¿Están pidiendo la sanción de una ley?

-Pedimos que se sancione de una vez por todas la ley de negociación colectiva para regular cómo deben resolverse los conflictos y negociaciones paritarias. No avanzamos prácticamente en nada que requiere la decisión política de hacerlo básicamente, por eso manifestamos ese malestar y esperamos tener alguna respuesta.

-¿El trabajo desde sus domicilios?

-Tenemos entre 15 y 16 mil judiciales, más de la mitad de los trabajadores haciendo tareas remotas, de teletrabajo y se implementó el sistema sin la provisión de equipos poniendo sus computadoras personales a disposición y no hay ninguna clase de compensación de gastos por la conexión a internet, por la utilización de servicios.