Piden investigar penalmente a empresarios y a una escribana que operaron con Manuel Adorni
El expediente judicial centrado en el patrimonio del exjefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, dejó al descubierto una red de transacciones marginales que ahora salpica a quienes comercializaron con ellos. El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen en el que requirió la apertura de expedientes independientes para evaluar la conducta de los particulares que intervinieron en la adquisición y refacción de bienes inmuebles.
La decisión surgió a partir de las declaraciones testimoniales brindadas en Comodoro Py, donde los propios allegados reconocieron haber operado al margen de los controles del Estado. Entre los involucrados figura el contratista Matías Tabar, quien admitió haber recibido 245.000 dólares en efectivo para remodelaciones y mobiliario, una cifra que la defensa intentó reducir a 175.000 dólares mediante un peritaje particular, mientras los chats recuperados evidenciaron sobreprecios deliberados en los presupuestos.
Asimismo, los desarrolladores inmobiliarios Leandro Miano y Pablo Feijoo quedaron bajo la lupa tras haber vendido un departamento por 295.000 dólares con obras adicionales valuadas en 65.000 dólares pactadas de palabra. La operatoria financiera del matrimonio reflejó que el 92,9 por ciento de los gastos en moneda extranjera se cancelaron sin registrarse bancariamente, alcanzando los 374.081,66 dólares sobre un total invertido de 402.578,12 dólares en diversas adquisiciones.
El segundo eje del requerimiento involucra a la escribana Adriana Mónica Nechevenko por irregularidades en las escrituraciones del loteo en un barrio privado y de un departamento. En la primera operación se empleó un crédito hipotecario de 100.000 dólares, pero el saldo de 20.000 dólares y una tasa de ingreso de 5.000 dólares se abonaron en efectivo, al igual que un adelanto contado de 30.000 dólares en otra propiedad.
Ante este escenario, el fiscal solicitó al juez Ariel Lijo remitir las actuaciones al Colegio Público de Escribanos porteño. Con estas medidas, los tribunales penales económicos y las autoridades notariales deberán dilucidar las eventuales responsabilidades penales y profesionales de quienes consintieron participar en dicho circuito informal.
