Polémica por la importación de maquinaria agrícola usada en medio de una crisis industrial

El sector de la maquinaria agrícola atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. Mientras operarios y directivos enfrentan una situación crítica marcada por caídas en la comercialización y problemas financieros en plantas de capitales nacionales, el gobierno nacional difundió un comunicado para destacar la suba en el ingreso de equipos usados desde el exterior.
Según los registros informados por el Senasa, en lo que va del año 2026 ingresaron al país 214 maquinarias agrícolas usadas, lo que marca un incremento en la comparación interanual frente a las 61 unidades fiscalizadas durante el mismo período de 2025. El organismo sanitario detalló que los equipos arriban principalmente desde los Estados Unidos y la Unión Europea, y que personal del Centro Regional Buenos Aires Norte realiza inspecciones documentales y físicas para prevenir la introducción de plagas.
La difusión de estas cifras generó fuertes cuestionamientos en la industria, ya que coincide con un escenario de extrema gravedad para emblemáticas compañías como Pauny, Metalfor, Vassalli y Plantium. Las dificultades financieras, la pérdida de competitividad y la caída de las ventas derivaron en tensiones laborales, con trabajadores que llevan adelante protestas y tomas de fábricas en busca de respuestas para sus fuentes de trabajo.
Los números del mercado formal reflejan la parálisis del sector. De acuerdo con el último reporte de ACARA, entre enero y octubre de 2026 se patentaron un total de 5.649 tractores, cosechadoras y pulverizadoras, registrando una variación del 0,7% frente al año anterior. En este escenario, las 214 unidades usadas llegadas desde el extranjero representan casi un 4% del volumen total comercializado a través de los concesionarios locales.
La coincidencia entre la publicación oficial y el delicado momento que atraviesan las fábricas locales abrió un debate profundo sobre el rumbo de la industria metalmecánica y su protección frente a la competencia externa. Las comunidades donde operan estas plantas sufren el impacto directo del parate productivo, mientras los empresarios reclaman medidas que brinden previsibilidad al mercado interno.