Rechazaron una demanda por aberturas en Pilar tras un error en la titularidad del reclamo

El Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 7 de San Isidro desestimó una acción legal por daños y perjuicios vinculada a la falta de entrega de aberturas para una vivienda en construcción ubicada en un barrio cerrado de Pilar. La magistrada interviniente concluyó que el demandante dirigió su pretensión contra una persona física incorrecta, al comprobar que el sujeto accionado operaba como un empleado o instalador informal y no como el propietario del comercio con el cual se firmó el acuerdo original.
El conflicto contractual comenzó el 11 de octubre de 2022 mediante conversaciones de mensajería digital. Días más tarde, los damnificados concurrieron a un local comercial de la zona norte bonaerense, donde recibieron un presupuesto de $4.517.268 y abonaron un anticipo inicial de USD 8.900 en efectivo, calculado a una cotización de $290 por dólar sobre el 60% del total. El planteo detallaba que aún restaban abonar $1.721.323 de saldo y $150.000 por los trabajos de colocación una vez finalizados los elementos.
Tras diversas demoras, visitas parciales a la obra y un encuentro registrado el 16 de enero de 2023 donde no se acordó la continuidad de las tareas, los clientes dieron por terminado el vínculo y contrataron a otra firma. Por este nuevo servicio debieron afrontar un costo total de $5.007.113,54. A raíz de esto, reclamaron la devolución de los USD 8.900, una suma subsidiaria de $3.135.790,54 por la diferencia con el nuevo proveedor, además de $1 millón en concepto de daño moral y $100.000 por daño punitivo.
Por su parte, la defensa sostuvo que el vínculo comercial se estableció con una firma específica y no con el demandado a título personal, quien únicamente realizaba tareas de medición y colocación para el verdadero dueño. El análisis judicial valoró los testimonios de exempleados, informes municipales sin habilitación en dicho domicilio y pericias informáticas que descartaron la titularidad del demandado sobre el comercio.
Ante la falta de pruebas fehacientes que vincularan contractualmente al demandado de manera directa con la operación comercial, el tribunal hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva y absolvió al acusado. Las costas del proceso fueron impuestas al reclamante, mientras que la regulación de los honorarios profesionales quedó supeditada a una futura liquidación.