Priore abordó la problemática del Complejo Federación, al que caracterizó enfáticamente como “la estafa más grande en la historia de Chivilcoy”
El empresario chivilcoyano Raúl Priore, titular de la firma Priore Agropartes y expresidente del Centro Comercial e Industrial (CECOINSE), mantuvo una amplia charla en la emisora Radio del Centro durante el programa La Mañana del Centro. En el inicio del mes de septiembre, la entrevista abordó dos ejes centrales de la realidad local: por un lado, el presente productivo de su empresa dedicada a la comercialización y reparación de repuestos agrícolas; pero principalmente se basó en su condición de damnificado directo en la inconclusa construcción del Complejo Federación, donde adquirió dos departamentos. Ante la posible reactivación del predio habitacional, Priore expresó la postura de los compradores damnificados y reclamó que las autoridades municipales contemplen la dimensión moral del caso.
En relación al ámbito habitacional, Priore abordó la problemática del Complejo Federación, al que caracterizó enfáticamente como la estafa más grande en la historia de Chivilcoy. El empresario argumentó que no se trató de un desacuerdo comercial habitual entre partes privadas, sino de un proyecto de escala pública donde intervinieron el Estado Nacional, el Municipio de Chivilcoy, el Banco Hipotecario y la Liga Chivilcoyana de Fútbol. En este sentido, remarcó que las casi doscientas familias damnificadas depositaron su confianza en la presencia y el respaldo del Estado y de instituciones intermedias de la ciudad, y no de forma exclusiva en la figura de una empresa constructora.
Durante la reconstrucción histórica del proyecto, el titular de Priore Agropartes recordó que los terrenos originales eran de propiedad municipal y fueron cedidos a la Liga Chivilcoyana con el cargo de edificar los departamentos y concretar la construcción del estadio de la institución deportiva. Sin embargo, para que el Banco Hipotecario pudiera liberar los fondos y los certificados correspondientes, la Liga debió entregar esos predios como aval. Priore calificó el entramado institucional y financiero como una maraña o entuerto jurídico perverso. Recordó además que en los inicios de la obra intervino la firma Alegre Pavimentos, encabezada por Antonio Alegre (ex Presidente de Boca Juniors), sucedida tiempo después por otra empresa que luego terminó quebrando.
Al analizar la situación de los compradores, el empresario puntualizó que al momento de sumarse al Plan Reactivación del Banco Hipotecario, la mayoría de los adquirentes eran personas jóvenes que rondaban los treinta años de edad y buscaban acceder a su vivienda única y permanente. Frente a la paralización de las obras y las irregularidades posteriores, Priore explicó por qué solo un comprador inició acciones legales en su momento contra la Liga Chivilcoyana: debido a que la entidad deportiva era insolvente y su único patrimonio era la sede de la calle Garibaldi, los profesionales del derecho aconsejaban no accionar, puesto que no resultaba viable demandar legalmente al Banco Hipotecario ni a la Municipalidad.
Respecto del estado edilicio y los montos involucrados, Priore indicó que la construcción del complejo registra aproximadamente un 75 por ciento de realización, existiendo un margen de divergencia cercano al 10 por ciento entre las certificaciones presentadas por las empresas y los organismos oficiales. Precisó que alrededor del 20 por ciento de los fondos fue aportado directamente por los adquirentes mediante el pago de sus cuotas, mientras que el 55 por ciento restante fue financiado a través del Banco Hipotecario y partidas del Tesoro Nacional. Estos desembolsos se ejecutaron en la etapa previa al año 2015, período en el cual se llevó a cabo un acto de inauguración simbólica en una torre que ya contaba con ascensores colocados.
Frente a la reciente propuesta de reanudación de los trabajos por parte de la empresa SENTRA —que plantea un plazo de ejecución de cuatro años y la entrega de cuatro departamentos a la órbita municipal—, Priore cuestionó que se vuelva a comercializar la estructura sin contemplar los derechos de los primeros aportantes.
El empresario sostuvo que, aún cuando los plazos de reclamo legal hayan caducado, la Municipalidad no puede actuar bajo los criterios de un privado, sino que tiene el deber moral de convocar a los damnificados, escuchar sus reclamos y darles un orden de prioridad, evitando avalar la comercialización de bienes que ya fueron abonados con esfuerzo por la comunidad.
En cuanto a los pasos a seguir,
Priore ratificó que los adquirentes damnificados se encuentran organizados y mantendrán una presencia activa en la sesión del Concejo Deliberante programada para el jueves 10 de septiembre. Allí buscarán manifestar su postura y apelar a la sensibilidad de las autoridades locales. Paralelamente, el empresario anunció la producción de un documental audiovisual que registrará testimonios y documentación histórica sobre la estafa del Complejo Federación. La iniciativa busca generar un material de archivo que preserve la memoria de la ciudad sobre un predio que, según expresó, suele resurgir mediáticamente como una promesa recurrente durante los períodos electorales.
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