Regularización de las plataformas de transporte: “Claramente la justicia respalda mi proyecto”, puntualizó Etcheverría

El concejal Juan Martín Etcheverría presentó en el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Chivilcoy un proyecto de ordenanza destinado a regular el funcionamiento de las plataformas digitales de transporte, con el objetivo de igualar los requisitos exigidos a los servicios de remises y a las aplicaciones digitales de transporte.

La iniciativa cobra especial relevancia a partir de un reciente fallo de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que estableció que los conductores que operan a través de plataformas digitales deben cumplir con los mismos requisitos básicos que rigen para los servicios tradicionales, tales como habilitaciones, licencias profesionales y seguros correspondientes.

“Claramente la justicia respalda mi proyecto”, señaló Etcheverría a La Campaña, aunque especificó: “Pero lo que hay que entender es que a cada municipio le corresponde regular el transporte en su jurisdicción y claramente de hacerlo lo tiene que hacer en condiciones de igualdad para todos los actores que realizan el mismo tipo de servicio”.

 “Este antecedente judicial es muy claro: no puede haber dos reglas distintas para una misma actividad. Cuando se presta transporte oneroso de pasajeros, deben existir condiciones mínimas comunes, independientemente de si el viaje se solicita por una aplicación o de manera tradicional”, explicó el concejal Echeverría.

EN CABA

A partir de un nuevo fallo de la Justicia porteña, los conductores de aplicaciones de transporte deberán cumplir una serie de requisitos para poder seguir circulando en la Ciudad de Buenos Aires. La decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo llegó tras más de diez años de litigio.

La sentencia establece que los choferes de Uber, DiDi y Cabify deberán ajustarse a las mismas exigencias que hoy rigen para taxis y remises. Es objetivo es corregir la desigualdad normativa existente, por lo que se mantendrá vigente hasta que se sancione una legislación específica para las plataformas digitales de transporte.

En la práctica, esto implica un cambio significativo para quienes trabajan con estas aplicaciones: deberán contar con licencia profesional y contratar seguros especiales para desarrollar la actividad.

Por otro lado, los jueces Fernando Juan Lima, Mariana Díaz y Marcelo López Alfonsín resolvieron que el Gobierno porteño no podrá seguir cobrando aranceles administrativos a taxistas, salvo en casos de infracciones, hasta que exista un esquema regulatorio equitativo.

Además, la administración de la Ciudad deberá iniciar sumarios tributarios para gravar a las plataformas digitales y llevar adelante campañas informativas destinadas a advertir a los usuarios sobre los riesgos de utilizar servicios no regulados, cuyos conductores podrían no contar con licencia profesional ni cobertura de seguro, según señala el fallo de la Cámara porteña.

De acuerdo con la resolución de la Sala II, la medida deberá cumplirse hasta que la Legislatura porteña sancione una ley que regule la actividad de las plataformas de forma especifica. En este caso, perdería vigencia automáticamente.

El litigio fue promovido por el Sindicato de Peones de Taxis de la Capital Federal (SPTCF) y otras entidades del sector, que reclamaban mayores controles sobre Uber y advertían sobre una situación de competencia desleal. Según sostuvo la Cámara, la falta de regulación desde 2016 configura un caso de “anomia voluntaria” por parte de las autoridades porteñas.

La Cámara apuntó contra la falta de controles oficiales

Según pudo saber este medio, los jueces subrayaron la responsabilidad del Gobierno porteño en garantizar el equilibrio regulatorio. En la resolución señalaron: “El comportamiento omisivo del demandado —al exigir a unos lo que eximió a otros— afectó de modo irrazonable el equilibrio invocado por SPTCF y el interés público involucrado”.

El fallo incorpora la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y toma como referencia leyes de provincias argentinas donde la actividad de plataformas ya fue regulada. La sentencia confirma que Uber y otras aplicaciones funcionan, de hecho, como transportes onerosos de pasajeros, por lo que deben cumplir con habilitaciones, seguros, licencias profesionales y pagos tributarios, según el marco legal local.

Dos posturas enfrentadas

El proceso judicial agrupó dos causas colectivas contrapuestas. Por un lado, el SPTCF y otras cámaras reclamaban que la operación de Uber era ilegal y que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había fracasado en controlar el transporte irregular, lo que generaba una “conducta ilícita” sostenida durante más de siete años. Según el sindicato: “No puede sostenerse que no existe responsabilidad estatal, cuando las medidas adoptadas han sido un fracaso, permitiendo que una conducta ilícita continuara cometiéndose por más de siete años”.

En contraste, los conductores de Uber y la asociación Proconsumer (hoy CIECOL) sostenían que su actividad debía considerarse lícita y privada, sin equiparación ni sujeción a requisitos de taxis o remises, y pedían no ser obstaculizados por exigencias regulatorias adicionales. De acuerdo con sus declaraciones ante la Cámara, la equiparación forzosa los ponía en situación de desigualdad y les negaba el derecho a ejercer libremente una industria lícita.

El fallo de primera instancia había rechazado ambas posturas: consideró ilegal la actividad de Uber y avaló los controles gubernamentales, sin detectar omisión relevante del Estado. Pero la Cámara porteña revirtió ese criterio, señalando una omisión ilegítima en la falta de fiscalización y reiterando: “El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no puede eximir a conductores de plataformas de los controles exigidos para taxis y remises”.

EL PROYECTO DE MARTÍN ETCHEVERRÍA PARA CHIVILCOY

La iniciativa, impulsada por el contador Juan Martín Etcheverría, propone autorizar la prestación del servicio de transporte privado mediante aplicaciones, incorporando una regulación específica a nivel local para una actividad que, hasta el momento, se desarrolla sin normativa propia.

Entre los principales puntos, el proyecto establece la creación de un Registro Municipal de Conductores y Vehículos, en el que deberán inscribirse quienes presten el servicio. Asimismo, se fijan requisitos como la contratación de seguros, la verificación técnica de los vehículos, la obtención de licencia habilitante y la presentación de certificado de antecedentes penales.

El texto también contempla mecanismos de control por parte del Municipio, incorporando herramientas de fiscalización que, según se detalla, deberán respetar la protección de los datos personales de usuarios y conductores.

Otro de los ejes de la propuesta apunta a la competencia con los servicios tradicionales. En ese sentido, se prevé que los remises puedan operar a través de plataformas digitales si así lo deciden, evitando diferencias regulatorias y buscando condiciones más equitativas dentro del sistema de transporte local.

En los fundamentos, se sostiene que el objetivo es “acompañar los cambios tecnológicos, dar previsibilidad jurídica y proteger tanto a los usuarios como a quienes trabajan en el transporte”, integrando estas nuevas modalidades al esquema de movilidad urbana.

La ordenanza, además, designa al Departamento Ejecutivo Municipal como autoridad de aplicación, con facultades para reglamentar aspectos técnicos y establecer sanciones en caso de incumplimientos.

De avanzar en el ámbito legislativo, la propuesta abrirá un nuevo escenario en el debate sobre el transporte en Chivilcoy, donde la presencia de plataformas digitales viene creciendo sin un marco regulatorio definido.

El concejal de Chivilcoy, Juan Martín Echeverría, presentó un proyecto de ordenanza para regular el funcionamiento de plataformas digitales de transporte como Uber. La iniciativa busca establecer un marco legal que incluya controles, registro municipal obligatorio y reglas de competencia justa con el sector de remises tradicional.El debate surge en respuesta al uso creciente y sin regulación de estas aplicaciones en la ciudad. El proyecto de Echeverría se centra en los siguientes puntos clave:Registro local: Creación de un registro oficial para conductores y vehículos que operan a través de estas plataformas.Seguridad y controles: Exigencia de documentación al día (licencia, seguro y VTV) para proteger a los usuarios.Equidad: Establecimiento de reglas claras para que la actividad conviva de manera justa con los servicios de remises y taxis locales.La iniciativa ingresó al Concejo Deliberante para su análisis y debate legislativo. Para conocer el estado del expediente o el avance del proyecto, podés consultar las novedades legislativas directamente en el sitio oficial del Honorable Concejo Deliberante de Chivilcoy o seguir los detalles de las sesiones locales.