República Dominicana aprobó un código de ética para regular la inteligencia artificial en el Estado

El gobierno de la República Dominicana fijó nuevas reglas para el funcionamiento de las herramientas informáticas en el sector público mediante el Decreto 787-26. La medida busca ordenar los procesos automatizados y garantizar derechos a los ciudadanos frente al avance digital.

El diseño de la normativa estuvo coordinado por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Además, el proyecto sumó colaboración técnica de la Alianza para el Gobierno Abierto y utilizó como guía los parámetros de la Unesco y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Las exigencias contemplan evaluaciones previas para aquellas aplicaciones consideradas de alto impacto que puedan influir en beneficios sociales o trámites sensibles. Asimismo, los habitantes podrán consultar si una gestión tuvo soporte digital y reclamar una revisión manual para evitar resoluciones mecánicas.

El texto prohíbe explícitamente el perfilamiento criminal predictivo, la clasificación social masiva y la identificación biométrica en la vía pública sin autorización de la justicia. También veda la creación de armas autónomas y establece salvaguardas rigurosas para proteger a los menores de edad.

Para articular estas políticas se dispuso la creación del Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, que sumará la participación de la academia y miembros del Foro Multiactor de Gobierno Abierto. Las dependencias estatales dispondrán de un plazo de 180 días calendario para cumplir con las exigencias de adaptación.