“Si la decisión fue atinada, o no, del ejecutivo nacional de disolver Vialidad recién lo vamos a comprobar dentro de 3 o 4 años”

El Gobierno de Javier Milei anunció el cierre "definitivo" de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial. La medida se dio a conocer en la víspera del vencimiento de las facultades delegadas por el Congreso mediante la Ley Bases. La medida redundará en el abandono de funciones esenciales por parte del Estado, la concesión a privados de 9120 kilómetros de rutas -muchas de ellas pasarán a tener peaje o multiplicarán las estaciones existentes- y el despido de entre 2500 y 3000 trabajadores.

Entre los motivos del cierre de Vialidad, en el decreto se menciona una “estructura compleja” con actividades que “no se ajustan a las necesidades actuales de gestión, lo que se refleja en la falta de agilidad en la ejecución de proyectos y altos costos operativos para el Estado Nacional”.

También habla de una desproporción entre recursos materiales, cantidad de agentes, y personal administrativo y jerárquico frente a los dependientes operativos.

Acerca de ésta noticia y cómo le cayó el anuncio del Ejecutivo Nacional, desde Radio del Centro consultamos al ex Concejal de Mercedes, Carlos Mosso, miembro de diversas comisiones de usuarios viales, una persona desde hace muchos años ligada al reclamo, ante funcionarios de diversos gobiernos, para que se construya la autovía de la ruta 5 o se realicen mejoras sobre el trazado nacional. 

En principio, el edil mandato cumplido, mencionó: “Tengo sentimientos encontrados, en primer lugar me pongo en los zapatos de los buenos empleados,  aseguro que hay muchos, de carrera apolíticos que seguramente se queden sin trabajo donde se involucra a familias enteras”.

-¿Qué reflexión le merece la disolución de Vialidad?

-Vialidad como institución tiene un montón de décadas de funcionamiento y fue creada por un objetivo que a las claras quedó expuesto no lo cumplió porque más allá de estar presente en casos puntuales como los pasos fronterizos de la Cordillera quien habilitaba los caminos y se ocupaba de la seguridad vial pero en el resto del territorio era muy difícil percatarse de su funcionamiento a sabiendas que tampoco contaba con un presupuesto.

Por un lado, se entendía que el impuesto a los combustibles creado para uso exclusivo de Vialidad Nacional como institución en el mantenimiento de caminos, autopistas y demás pero con el transcurrir de los gobiernos y las distintas composiciones del Congreso, encontraban la oportunidad de una caja millonaria y muy tentadora a partir de cada aumento del combustible empezando a echar mano a ésta que se agigantaba cada año y utilizaron para cualquier cosa aunque menos para cuidarnos a nosotros, cuidar los caminos, transformar rutas en autovías o autopistas que está relacionado directamente no solamente a la seguridad vial si no a la conectividad de los pueblos en el vínculo con la educación, la salud y por supuesto con las economías regionales.

Teniendo en cuenta que Vialidad ya no contaba siquiera con presupuesto acorde y estaba muy limitada con su gestión al no tener razón de ser su existencia en las condiciones actuales posiblemente éste gobierno nacional le halló una veta para que sea productiva y sería que persona con capacidad técnica que se desempeñaba dentro pesen ahora a depender de otra clase de Ministerio en el entendimiento que harán las cosas bien sin depender de los 5000 empleados que Vialidad tenía a lo largo y a lo ancho del país. No obstante, si la decisión es atinada nos enteraremos en los próximos años.

La idea del actual gobierno nacional es vender y privatizar lo que se pueda, a diferencia de otros que decidían que el estado se ocupe de todo que en mi caso no comparto ni una cosa ni la otra. En relación a Vialidad y las rutas nacionales, si fue buena o mala la decisión del ejecutivo de disolver Vialidad recién lo vamos a comprobar dentro de 3 o 4 años.

-¿Qué puede implicar la privatización en la construcción o mantenimiento de las rutas nacionales?

-El gobierno nacional anunció la concesión privada que asciende a más 9 mil kilómetros de rutas nacionales, la traducción es privatizarlas, pero cuando tuvimos acceso a los pliegos de licitación nos encontramos con artículos que son muy específicos donde el mantenimiento tienen que realizarlo con recursos propios, es decir: con la recaudación de las cabinas de peaje; también expresan al privado que si desea llevar a cabo obras nuevas en la traza concesionada debe hacerlo con la propia recaudación dentro de un contexto grave que surge en cuanto a la decisión del gobierno nacional para que la tarifa del peaje se actualice cada tres meses y establece que la empresa concesionaria puede decidir si agregará más cabinas de peaje pero no hay una cantidad específica con puntos suspensivos en el pliego licitatorio.

-En caso de privatizarse, ¿Podría aumentar la cantidad de cabinas de peaje y su valor en la Ruta 5?

-La ruta nacional 5 tiene una muy baja recaudación en concepto de peajes pese a que en Olivera actualmente transitan 11 mil vehículos por día, bajan a 5 mil en 9 de Julio y 2 mil a Trenque Lauquen, no alcanzan ni siquiera para el mantenimiento porque todo se terceriza debido a que un empresario puede ganar la licitación pero no cuenta con gente para cortar el pasto, colocar y atender las luminarias de todo el corredor ni personal para hacer bacheo, entonces tiene que salir a contratar con los números que ello implique en materia de costos. Con el número final para que al empresario le rinda y pueda pagar la mano de obra tercerizada cuanto cobrará en las cabinas de peaje, sumado al hecho de tener ganancias si no qué privado va a invertir para perder dinero?, es toda una disyuntiva la licitación y quienes terminamos pagando el mantenimiento, sin tener obras nuevas, los usuarios pagando un peaje cuyo valor seguramente será bastante más elevado.

Ahora, en caso de privatizarse tendría que ser eliminado el impuesto al combustible y ya no pagarse teniendo en cuenta que se encuentra destinado para que el estado realice el mantenimiento de las rutas.

-¿En qué situación quedan los autoconvocados y usuarios viales a partir de la decisión del gobierno?

-Hasta hace algunos días atrás que Vialidad existía, teníamos un lugar para ir a reclamar y ahora ya no, independientemente de quien gobernaba en su momento y no nos atendían el teléfono, tampoco nos abrían la puerta, recibían expedientes para cajonearlos o tirarlos e incluso si no llegabás acompañado por algún funcionario afín tampoco nos recibían aunque contábamos con un lugar hacia dónde acudir para plantear una problemática pero ahora no sabemos hacia donde ir, con quien hablar debido a que ningún Ministro nos atenderá. El Ministro de Transporte de Cambiemos, Dietrich, respondía a nuestras consultas de la misma manera que la Dirección de Vialidad cuando estaba Javier Igüacel, nos podían gustar más o gustar menos aquello que los funcionarios nos decían  pero existía un ida y vuelta con funcionarios pero a partir de ahora no solamente los autoconvocados si no los propios intendentes de no ser afines será muy difícil que los atiendan.

En el mientras tanto, las rutas en los últimos años están absolutamente desatendidas donde el pequeño movimiento entre Mercedes y Suipacha es por obligación, no por decisión del gobierno nacional, ante un préstamo que se sacó en 2022 teniendo un fondo asignado para lo que se solicitó en su momento.