“Si podemos rescatar algo bueno del año fue que la Discapacidad se puso en agenda, lástima haya sido por la necesidad que pueda aplicarse una Ley que contemple los derechos del colectivo”

El Vicepresidente de la Federación de Talleres Protegidos (Fetap), Darío Corrao, al momento de hacer un balance termina lamentando tener que llegar a un amparo judicial para que el gobierno nacional pueda destinar los recursos necesarios para dar cumplimiento a la Ley de Emergencia en Discapacidad, hecho que todavía no se concretó pese al acompañamiento del Congreso en cada sesión donde el ejecutivo pretendió derogarla.

Por otro lado, el dirigente destacó en una entrevista con ‘La Mañana del Centro’ que el dato alentador es que logró ponerse en la agenda política y también cotidiana de la ciudadanía pese a que  falta mucho por avanzar.

“Un año muy difícil para el colectivo y de hecho estamos evaluando acciones todavía, en el presupuesto nacional se derogó la ley de emergencia en Discapacidad pero muchos diputados que habían votado a favor de ella después votaron en contra, por eso no entendemos el manejo de la política en relación a si acompañan desde el corazón, lo hacen a partir de una ideología o interés”, reflexionó Corrao.

No obstante, subrayó que, “se pudo sostener la ley de emergencia en discapacidad a partir también de un trabajo en conjunto de muchas organizaciones y seguimos avanzando ahora también desde la vía judicial hasta que podamos tener una respuesta concreta para que la ley se lleve a la práctica y no quede únicamente en una aprobación”.

-¿Por qué tuvieron que llegar a la vía judicial?

-El amparo lo vienen trabajando varias organizaciones junto a un Juez de Campana y en la última reunión que participé en la Cámara de Diputados nos pidieron el acompañamiento a FETAP donde no dudamos un segundo debido a que es el paso a seguir luego de todo lo ocurrido durante 2025 tanto en la Cámara de Diputados como asimismo de Senadores porque si el gobierno nacional no quiere cumplir con la Ley, entonces será la justicia la encargada de determinarlo.

El amparo busca que la Justicia, de hecho ya lo hizo, obligue al estado nacional a aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad para poder actualizar los montos en las prestaciones, talleres y demás cuestiones que hacen a su realidad. No podíamos estar ajenos a ese reclamo y decidimos desde la FETAP consideramos que debíamos adherirnos al amparo colectivo en la intención que la ley pueda aplicarse después de tantas ideas y vueltas que tuvo con su aprobación original, posteriormente el gobierno nacional la vetó pero en el Congreso no consiguió los votos para que se caiga si no que los legisladores la ratificaron, el ejecutivo la promulgó pero no la aplica aduciendo no tener los fondos para ejecutarla. No obstante, en las discusiones que se dieron recientemente en el Congreso con respecto al presupuesto en algunos puntos el ejecutivo no preguntó a los legisladores de dónde sacar los fondos a diferencia de la aprobación de la Ley de Emergencia o Pediátrica donde sí hicieron el planteo en relación a la manera de obtener los recursos necesarios.

Esperemos que la justicia tome cartas en el asunto porque no estamos solicitando un derecho que le corresponde a las personas con Discapacidad.

-¿Cumplir con lo establecido por la Ley le provocaría un déficit fiscal al estado?

-Entiendo que el estado tiene prioridades u otras prioridades con la intención claramente de desfinanciar a la Discapacidad y a la salud demostrando en sus acciones que las personas y las familias son las que deben hacerse cargo, denoto que es su pensamiento cuando en éstas cuestiones precisamos de un estado presente y más teniendo en cuenta que Argentina tiene obligaciones al respecto porque firmó convenios internacionales para atender las necesidades de las personas con discapacidad y lo tiene que cumplir.

Además, sin conocer el monto total porque no soy economista, pero creo que aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad no le provocaría un déficit fiscal cuando escuchamos números irracionales para muchas otras cosas y ahora preguntan de dónde obtener los fondos para financiar la Discapacidad, es lo que no podemos entender y por eso, tenemos que recurrir a la Justicia esperando que pueda tener un buen fin.

-¿Qué se puede destacar del año para el colectivo?

-El aspecto positivo fue que el colectivo de Discapacidad es importante, atraviesa todas las clases sociales y distintas profesiones, muchas personalidades luchando para que la Ley se apruebe y ahora se concrete en la práctica; nos dimos cuenta que no solamente la Discapacidad impacta en las personas con menos recursos si no que involucra a toda clase social y también que podemos luchar por un objetivo en común. Si podemos rescatar algo del año fue que la Discapacidad se puso en agenda, algo que durante años no ocurrió y ni siquiera se hablaba del colectivo, mucho menos en el ámbito político pero en el último tiempo se logró, ojalá hubiese trascendido por buenos motivos más que por una necesidad para que pueda aplicarse una Ley que contemple sus derechos.

-¿La realidad de los talleres y del empleo protegido?

-Los talleres se están reconvirtiendo, es lo que sucede ante la adversidad, aunque muchos tienen deudas e incluso hay cuestiones que deberían tratarse en el Ministerio de Trabajo de Nación para que no queden afectados que a algunos les sucede con ARCA al inscribir a sus operarios en AFIP y quedaron pegados ante un gris en una de las resoluciones donde el estado tenía que hacerse cargo de esos gastos pero no ocurrió. La realidad y la necesidad de los talleres son distintas como asimismo estamos trabajando desde Desarrollo a la Comunidad en recategorización de talleres porque algunos están un poco más avanzados en proyectos importantes, otros más relegados y algunos son de contención pero todos necesarios. No obstante, la mayoría tiene un presente difícil donde se encuentran pagando los sueldos en cuotas, teniendo que pagar aguinaldos y además contamos con las mismas obligaciones que cualquier PYME.

Los Talleres Protegidos vienen subsistiendo a las políticas de los últimos 50 años, se reconvierten y avanzan, entendiendo que ahora no será la excepción pero no la estamos pasando bien.

La Ley de Talleres Protegidos tiene media sanción en la Cámara de Senadores aunque no se avanzó en Cámara de Diputados, estoy haciendo gestiones para dialogar con algunos legisladores en la intención que la provincia pueda adherir en relación a que la solicitud es que dentro de la Ley de Emergencia en Discapacidad en su presupuesto nacional se destine el monto establecido por la Ley de Empleo Protegido.

-¿Qué impacto tendría para el estado que no existan los Talleres Protegidos?

-Espero que podamos tener novedades y tener un 2026 como corresponde donde puedan llegar las partidas para que un Taller Protegido cobren lo que se merecen, las organizaciones puedan estar un poco más tranquilas en la faz económica a sabiendas que hay muchas endeudadas con ARCA, con un montón de personas pagando los sueldos en 3 o 4 cuotas, se cerraron hogares que son los encargados de brindarles una contención.

En caso de no existir los Talleres Protegidos, que al estado nacional le cuestan $28 mil por persona de manera mensual, hay que contener a esas personas debido a que una ley así lo estipula y muchas no tienen la posibilidad laboral porque no tienen una oportunidad deberían concurrir a un Centro de Día debido a que sus familias no pueden dar en sus casas la debida atención; al estado le costaría mucho más caro dar respuesta a la persona con Discapacidad al no estar en un Taller Protegido y entonces, hay que valorar la tarea que cumplen y además que resulta económico al sostenerlo con $28 mil mensuales por persona no somos desestabilizadores ni nada por el estilo.

-¿Anhelan menos burocracia y un mayor monto para las personas con discapacidad?

-A una persona que está en silla de ruedas con una discapacidad motriz permanente y comprobable lo hacen ir cada 5 años a renovar el CUD o una persona con Síndrome de Down cuando no van a salir de esa condición, son trámites que deberían corregirse. Sin embargo, las personas con discapacidad tienen voluntad de concurrir a trabajar y concurrir cada día a desempeñar sus labores como sucede en Dignidad o en Atiadim.

De hecho, una persona que percibe la AUH recibe mensualmente alrededor de $120 mil y está bien se les pague pero si cobran ese monto sin ninguna obligación laboral, cumplir un horario ni una contraprestación cómo no dar el mismo monto a un operario que todas las mañanas concurre a trabajar para sentirse digno dentro de la sociedad porque económicamente no le representa mucho pero tiene un proyecto de vida.