Crisis en las obras sociales de la CGT: alertas, fondos agotados y reuniones fallidas
La situación financiera de las obras sociales atraviesa un momento crítico que la central obrera definió como casi terminal, luego de tres encuentros secretos y sin respuestas concretas mantenidos entre la conducción sindical y el ministro de Salud, Mario Lugones. El dirigente gastronómico Luis Barrionuevo advirtió públicamente sobre este panorama y lo equiparó con la crisis registrada en la década del noventa bajo la presidencia de Carlos Menem, durante una entrevista realizada en el programa de Carlos Pagni en LN+.
El núcleo del problema radica en el Fondo Solidario de Redistribución, donde aproximadamente el 90 por ciento de los recursos se destina a cubrir prestaciones por discapacidad. Estos tratamientos demandan un promedio cercano a un millón de pesos por afiliado y totalizan unos 160 mil millones de pesos mensuales. Ante este escenario, la central sindical reclamó sin éxito que los gastos de transporte y educación vinculados a la discapacidad sean absorbidos por las carteras estatales correspondientes, una demanda que ya había sido planteada durante la gestión de Alberto Fernández.
Por su parte, el asesor de la CGT y ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Luis Scervino, calificó el panorama como una olla a presión debido a la combinación entre la caída del poder adquisitivo salarial y el exponencial encarecimiento de los insumos médicos. Un informe elaborado por las entidades gremiales detalla que más de 11 millones de beneficiarios, equivalentes al 78,5 por ciento del padrón, no generan ingresos suficientes para costear las prestaciones obligatorias.
El desfinanciamiento también se profundiza por la incorporación de monotributistas, cuyos aportes mensuales resultan un 78 por ciento inferiores al costo estimado del Programa Médico Obligatorio, y por la situación de los jubilados. En este último segmento, la transferencia fija por cápita está fijada en 53.277,38 pesos mientras que la recaudación promedio alcanza los 159 mil pesos, generando un déficit que impacta de manera directa sobre la sostenibilidad de todo el sistema sanitario gremial.
