El saldo a favor de IVA y las nuevas exigencias del SISA complican las finanzas del campo
El sistema impositivo argentino expone a los productores agropecuarios a un complejo laberinto financiero estructural. Por un lado, opera la clásica asimetría de alícuotas donde el sector compra insumos, repuestos y servicios pagando un 21% de IVA, pero comercializa sus granos al 10,5%. Esta dinámica genera saldos técnicos acumulados que quedan atrapados en las cuentas fiscales sin posibilidad de destinarse al pago de otros tributos provinciales o municipales.
Frente a este escenario, mantener este crédito fiscal inmovilizado genera un impacto severo en la economía de los establecimientos. Según advirtió el contador Pablo Larcade, existe una pérdida de poder de compra estimada entre un 15% y un 20% por seis meses de congelamiento, lo que equivale en la práctica a otorgarle un financiamiento a tasa cero al Estado mientras el productor soporta exigencias financieras constantes.
A este panorama histórico se le suman las modificaciones introducidas en el Sistema de Información Simplificado Agrícola. Si bien el nuevo módulo de Información Productiva contempla planteos extemporáneos y dobles cultivos a través de los esquemas IP1 e IP2, las exigencias para obtener el reintegro sistémico de las retenciones se han endurecido notablemente.
Para lograr la devolución del dinero retenido, la normativa actual impone rigurosos requisitos del SISA: vinculación perfecta en la LPG, deuda cero y CBU validada. Cualquier mínimo desajuste en estas condiciones o la existencia de deudas impositivas, previsionales o aduaneras puede derivar en una recategorización automática hacia perfiles de riesgo alto que complican aún más la operatoria del productor.
