Financiamiento universitario: la Justicia frenó las multas al Gobierno por los salarios docentes

Un tribunal de alzada frenó de forma provisoria los castigos económicos impuestos a la administración central por demoras en la actualización de haberes en las casas de altos estudios. La decisión de los magistrados se conoció este jueves, en coincidencia con una nueva movilización del sector educativo en demanda de mejoras presupuestarias y salariales.

El conflicto había escalado cuando el magistrado Martín Cormick aplicó una sanción dineraria diaria de 100 mil pesos al jefe de Gabinete, Diego Santilli. Aquella medida punitoria respondía a un supuesto incumplimiento de una orden previa que exigía adecuar los ingresos del personal docente y no docente, además de garantizar los fondos destinados a becas estudiantiles según parámetros legales vigentes.

Ante esta situación, los equipos letrados del Ministerio de Capital Humano de la Nación interpusieron un recurso formal ante la Sala III del fuero contencioso administrativo. Desde la cartera nacional argumentaron que la manda judicial inicial ya se encontraba saldada, lo que motivó a los camaristas a ordenar la suspensión temporal de las penalidades mientras se analiza el fondo de la cuestión.

El litigio principal gira en torno a la validez del decreto 759/2025, norma que había condicionado la aplicación de la ley específica del sector. Por un lado, el Ejecutivo defendió su gestión asegurando que los incrementos otorgados desde diciembre de 2023 acumulan una mejora del 226,80 %, superando el 226,40 % calculado para el período.

Por el otro, los demandantes sostienen que la adecuación salarial exigida debió reflejar la variación inflacionaria acumulada, lo que arrojaría una suba adicional estimada en el 40,25 % sobre las escalas básicas. Mientras la discusión de fondo continúa su curso en los tribunales, la tregua judicial alivia momentáneamente la presión financiera sobre los funcionarios ejecutivos.