“Los planteos judiciales tuvieron distintos criterios pero hay uno que empieza a quedar muy firme cuando no se comprueba la contraprestación del servicio”, sostuvo Salaverri

La justicia argentina está intensificando la judicialización de las tasas viales municipales en la provincia de Buenos Aires, ordenando a municipios como Baradero y Daireaux devolver o justificar el uso de fondos recaudados sin contraprestación efectiva, impulsado por reclamos de productores

rurales respaldados por CARBAP.

Asimismo, fallos previos confirmaron la ilegalidad del cobro cuando no hay un servicio de mantenimiento de caminos rurales verificable, definiéndolo como un "impuesto encubierto" tal como ocurrió ciudades como Azul o Carlos Casares.

En tanto, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa respalda las acciones judiciales en múltiples distritos, “exigiendo transparencia y correspondencia real entre tasas y servicios”, así lo manifestó el ex presidente de CARBAP, Horacio Salaverri, en diálogo con Radio del Centro.

Al momento de poner en contexto las demandas de los productores contra los municipios por el cobro de la tasa vial, el dirigente remarcó: “Las demandas judiciales surgen a partir de un hartazgo porque muchos productores en sus respectivos distritos llegaron a una situación límite que los obliga a remitirse a la justicia. Las Sociedades Rurales de la provincia de Buenos Aires, pertenecientes a CARBAP, tuvieron la predisposición de dialogar tanto con el poder ejecutivo como legislativo de sus distritos pero cuando esa instancia se agota ante una falta de respuesta concreta no queda otro recurso que recurrir a la justicia”.

“Los planteos judiciales tuvieron distintos criterios pero hay uno que empieza a quedar muy firme en relación a la prestación del servicio y en el último fallo relacionado al reclamo en la localidad de Daireaux se pidió un peritaje a cargo de especialistas de dos características: uno que revisó las cuentas del municipio para determinar del total de la tasa vial cuánto se afectaba a la prestación del servicio y un otro peritaje técnico realizado por ingenieros para determinar el tratamiento de los caminos empezando por comprobar si se había realizado”, consignó Salaverri, e indicó: “Ambos informes determinaron que del total aportado se destinaba un 37% de lo recaudado se destinaba a la prestación de ese servicio y que el trabajo vial resultaba muy bajo, llevándose a cabo alternadamente. La Justicia entendió que no estaba bien intimando al municipio para que devuelva el dinero que se cobró y mal utilizado o desviado, caso contrario, prestar el servicio de manera correspondiente”.

En tal sentido, deslizó: “Seguramente productores de otros distritos contratarán abogados especialistas para judicializar distintas cuestiones y es lamentable que suceda porque lo mejor es buscar acuerdos con los municipios para en conjunto con las entidades ruralistas y productores encontrar alguna clase de solución pero si los apremios económicos de la comuna limitan la conversación desviando a otras áreas el dinero que ingresa en concepto de tasa vial se termina con la judicialización como está ocurriendo en este momento”.

“En término de retenciones no tenemos ninguna compensación en relación a aquello que nos sacan ni en servicios, atenuar algún otro impuesto ni mejora de infraestructura. Con respecto al impuesto provincial, nos encontramos con rutas deterioradas muy difícil de transitar”, soltó el dirigente ruralista.

“Somos excelentes de la tranquera hacia dentro pero un desastre de la tranquera hacia fuera”

Realizamos cinco simposios sobre el tema caminos colocando en la agenda política la necesidad del sector agropecuario para tener una transitabilidad adecuada amén de contar con seguridad, conectividad y electricidad que son necesarios en un campo moderno para competir con el mundo. Nuestro país que es el quinto exportador de carne, estamos entre los principales con respecto a leche como asimismo uno de los actores protagónicos en cuanto a cereales y oleaginosas pero competimos ante productores de otros países que tienen resueltas sus necesidades básicas en desmedro de los nuestros que encuentran dificultades en su rentabilidad y poder mejorar su capacidad productiva que afectan también su medio de vida.

El problema del país es que tenemos carencia de infraestructura en puertos, en rutas nacionales y provinciales como asimismo en los caminos municipales con avances en materia tecnológica o de conectividad dentro de los campos pero con muchas dificultades viales; Argentina para dar un saldo exportador tiene un cuello de botella muy importante en materia de infraestructura teniendo en cuenta que los últimos se dejó venir abajo cuando la salida es a través de la exportación. Somos excelentes de la tranquera hacia dentro pero un desastre de la tranquera hacia fuera que condiciona la competividad internacional cuando nuestros competidores no tienen esta clase de inconvenientes y encima para exportar tenemos que pagar impuesto haciendo más cuesta arriba sobrellevar la realidad.

“Con los consorcios se paga una tasa más alta pero se prestan los servicios”

Nuestra propuesta consiste en la participación público – privada a través de la conformación de consorcios viales, el reparto distribuye un 70% al consorcio y el 30% restante al municipio para cuestiones administrativas porque el primero es quien realiza la actividad para el mantenimiento de caminos. En los distritos donde están los consorcios viales se paga una tasa más alta pero la cobrabilidad está mínimamente en el 95% porque se presta el servicio lógicamente sin avalar una tasa disparatada al tener cálculos hechos y conocemos el costo por la conservación de 1km de red vial aunque se puede ser más amplio en el aporte cuando se comprueba un beneficio en mantenimiento o reestructuración.

“Es increíble el ingenio de los políticos para modificar o crear tasas”

Realmente el ingenio que tienen intendentes y legisladores es increíble para modificar tasas o cambiar sus características o incluso buscar un nuevo hecho imposible como puede ser la pulverización, emisión de gases como asimismo otros elementos que puedan ser utilizados para un hecho gravado o imponible tienen mucha imaginación. De hecho, en Zárate se puso una tasa general que se cobra por todo sin identificación para la afectación del recurso sin distinción y demuestra la intención de cobrar para poner el dinero en cualquier parte menos para brindar el servicio correspondiente.