Un pozo pero al revés.
Durante años, los vecinos reclaman algo absolutamente razonable: que sus calles sean asfaltadas. El asfalto significa progreso, mejora la circulación, elimina el barro y
los pozos, facilita el acceso de ambulancias, bomberos y transporte, aumenta la seguridad y, naturalmente, mejora la calidad de vida y el valor de las propiedades.
El Estado invierte dinero público para transformar una calle deteriorada en una superficie continua, transitable y acorde con la modernidad.
Entonces aparece una contradicción difícil de explicar: sobre esa misma calle que acabamos de mejorar, construimos un reductor de velocidad.
Un lomo de burro, dicho sin eufemismos, es un pozo al revés.
El pozo es una irregularidad que obliga al conductor a disminuir la velocidad para no dañar el vehículo. El lomo produce exactamente el mismo efecto, pero hacia arriba. En
ambos casos, una superficie que debería facilitar la circulación se convierte en un obstáculo.
Por supuesto que un reductor puede tener una utilidad puntual. Frente a una escuela, un hospital o un lugar donde exista un riesgo concreto para peatones, puede ser una
herramienta preventiva. Pero una cosa es utilizarlo excepcionalmente y otra muy distinta es llenar de lomos las calles asfaltadas. Porque el reductor tampoco soluciona el problema de
fondo: no educa al conductor.
El que frena porque teme romper el automóvil no necesariamente aprendió a respetar la velocidad.
Simplemente fue obligado a hacerlo durante unos metros.
Pasado el obstáculo, puede volver a acelerar.
La educación vial busca algo diferente: que el conductor reduzca la velocidad porque comprende que debe hacerlo, aunque no haya un lomo, una cámara o un inspector.
Por eso debemos preguntarnos qué política pública queremos. ¿Vamos a gastar dinero en asfaltar calles para terminar llenándolas de obstáculos? ¿O vamos a invertir en educación, prevención, señalización y controles que permitan que esas calles asfaltadas cumplan plenamente la función para la cual fueron construidas?.
El dinero público debe utilizarse con criterio. Si una comunidad reclama durante años el asfalto porque quiere dejar atrás los pozos, el barro y las dificultades de circulación, resulta contradictorio que, una vez concretada la obra, se vuelva a introducir artificialmente una
irregularidad permanente en la calzada.
El progreso consiste en eliminar obstáculos, no en
fabricarlos.
El asfalto debe mejorar la circulación, no convertirse en una
sucesión de obstáculos. Los reductores pueden ser
excepciones justificadas, pero nunca reemplazar la
educación vial.
Una calle segura no se construye solo con asfalto:
también se construye con responsabilidad.
La verdadera política de tránsito empieza cuando
respetamos la velocidad sin necesidad de encontrarnos con
un pozo al revés.
Por Luis María Mariano.
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