Salud en alerta: analizan extender la emergencia para evitar la quiebra de cinco mil clínicas
Unos cinco mil establecimientos médicos de gestión privada atraviesan un panorama crítico que podría derivar en embargos y en la quiebra de la seguridad social si no se extiende la normativa especial vigente desde la crisis de 2001. Las cámaras del sector advierten que la brecha acumulada entre gastos y entradas llegó a ser del 57 por ciento a fines de 2023 y se mantiene en el 26 por ciento actual, lo que deja a los prestadores en un equilibrio muy frágil, sobre todo en aquellas regiones del interior donde predominan las obras sociales y el PAMI frente al segmento de las prepagas.
El asunto llegó a la órbita parlamentaria mediante un proyecto impulsado por los empresarios y analizado por el cuerpo legislativo que encabeza el diputado Manuel Quintar. Será el Congreso el que deba resolver antes de fin de año si prorroga esta herramienta legal que exime a las instituciones del pago de aportes y contribuciones sin sufrir medidas cautelares sobre sus bienes.
La situación financiera de las coberturas sindicales es aún más compleja. Según datos de la CGT, liderada en estas tratativas por Gerardo Martínez, casi el setenta y nueve por ciento de los beneficiarios aporta montos menores al valor estipulado por el Plan Médico Obligatorio, un reclamo que llevaron a la mesa de diálogo con funcionarios nacionales sin obtener una respuesta favorable.
En paralelo, el PAMI experimentó fuertes turbulencias internas y cruces entre las carteras de Salud y Economía por la asignación de fondos del Tesoro nacional. Esta semana, las protestas de los prestadores derivaron en un corte de prestaciones por cuarenta y ocho horas para unos seis millones de afiliados de la principal obra social del país.
El armado político en torno a estas dependencias estatales involucra de cerca al asesor presidencial Santiago Caputo y al ministro de Salud, Mario Lugones, padre de su socio Rodrigo. La influencia del consultor se extiende al organismo asistencial a través de su hermano Francisco, quien participó en la presentación de Verónica Pérez como nueva coordinadora tras un período de disputas internas y versiones sobre un posible arribo del ministro de Salud de Salta, en el marco de conversaciones con el gobernador Gustavo Sáenz.
