“Tanto el decreto como la Ley Omnibus cuentan con 600 artículos donde se ven afectadas prepagas, sectores farmacéuticos, salud mental y derechos laborales”

CICOP Chivilcoy adhirió al paro general del pasado miércoles y dejó en claro los motivos de su participación exponiendo que el DNU ‘inconstitucional y la Ley Ómnibus de Milei atentan contra el Derecho a la Salud pública de la población”.

Fueron algunas de las razones vertidas por Maximiliano Scirica, el presidente de la seccional de Chivilcoy en diálogo con Radio del Centro. En tal sentido, apuntó como factores principales que “las medidas anunciadas, como la liberación de precios de las prepagas, provocarán que más gente se vuelque a la salud pública por no poder acceder a efectores privados”.

A este respecto, Scirica expresó: “La situación económica viene decayendo y en decadencia a nivel nacional pero notamos una pérdida del poder adquisitivo en el traspaso de mandato nacional y los gremios ya sabíamos que sería de manera abrupta con muchos recortes en sectores que, quiero creer con mucha ingenuidad, no son pensados de forma coherente.

“Nos vimos afectados al paro del miércoles 24 porque se ven vulnerados los derechos laborales, la capacidad de trabajo, los destinos monetarios que tenían el ámbito de la salud pública en todo el territorio nacional”, puntualizó el dirigente sindical, y agregó: “En el paro general los trabajadores manifestamos, por la invitación de las tres centrales obreras, nuestra disconformidad para con la Ley Omnibus y el DNU que intenta implantar el gobierno nacional amén de todas las estrategias legales que se están utilizando, por parte de la CGT o CTA, para frenar tales medidas. Ocurre que si las medidas afectan la salud pública sucederá lo mismo con los derechos de los trabajadores y la democracia en sí misma”.

“Tanto el decreto como la Ley Omnibus cuentan con 600 artículos donde se ven afectadas prepagas, sectores farmacéuticos, salud mental y derechos laborales”, planteó Sciricia.

‘Afectación en obras sociales y prepagas’

La movilización de salud obedece a que se ve afectado tanto obras sociales como asimismo prepagas donde le permite a éstas poder tener un monto ilimitado y puedan determinar el costo que ellos decidan. De esta manera, se produce una ruptura del sistema solidario de obras sociales en relación a que todos los trabajadores públicos tienen una retención de su obra social, en su mayoría por IOMA, aportando un porcentaje y un empleado municipal ingresante con un sueldo de $ 90 aporta un porcentaje, mientras que, un médico de 20 años de antigüedad su básico es un poco más alto teniendo un descuento acorde y en Provincia sucede lo mismo. El sistema es solidario porque se brinda la misma prestación sin importar el sueldo que cada afiliado perciba y sin importar el oficio aunque podría dejar de llevarse a cabo de tal forma y se limitaría a retribuir al afiliado a partir del aporte que cada uno y hace que las prepagas paralelas, que el empleado podría tener, se conviertan en impagables al liberarse los precios.

Ya en caso de quiebre o cierre de las actividades de esa prepaga no se debería nada al afiliado y quedaría sin ningún sustento aunque haya aportado casi toda su vida; al aumentar y los precios pasan a ser indiscriminados ya elimina el arancel mínimo por prepaga.

Un artículo de la Constitución expresa que las obras sociales deben destinar el 80% de los recursos que recaudan a beneficiarios por la cobertura de salud que le otorgan y actualmente, IOMA puede optar a brindar un aporte muchísimo menor a ese 80% que está obligado por ley.

Mientras que, las empresas prepagas ya no están más obligadas, con este decreto, a depositar los fondos que recauda en entidades nacionales públicas si no que pueden hacerlo en bancos privados y terminan desfinanciando las instituciones bancarias estatales favoreciendo siempre y en todo momento al sector privado. El DNU que se trata de imponer perjudica en todo momento al sector estatal y beneficia al sector privado a gran escala”.

Y añadió: “Con respecto a la faz farmacéutica permita la venta libre de remedios en cualquier kiosco, supermercado y demás comercios pudiendo la gente comprar indiscriminadamente la medicación que desee y ahí se colapsa al no tener una prescripción médica”.

Salud mental: ‘Internaciones involuntarias’

Asimismo, en salud mental habilita a las internaciones involuntarias sin necesidad de un equipo de profesionales, el juez emite una orden que el paciente no está en el paciente no está en su completo uso de sus condiciones mentales y lo interna sin contemplar al profesional que lo tratará ya sea un psiquiatra o psicológo, resultando muy unilateral y también la persona no puede aceptar u oponerse a la externación. La cuestión es que un juez no es la persona competente para determinarlo debido a que para ello están los psiquiatras y psicológos. Por otro lado, se limita la creación de nuevos centros de salud mental, desarmando los organismos de control y revisión eliminando el Ministerio de Salud, Familia y Organismos de Derechos Humanos quitando la responsabilidad al estado para que se hagan cargo los privados. Tenemos una ley de Salud Mental que es la 26.657 que a lo largo de la historia marcó un hito porque se trataba a través de un abordaje comunitario a través de psiquiatras y psicológos sin la necesidad que la gente requiera una internación pudiendo tratarse de forma ambulatoria preservando la integridad física propia y de terceros, también se elimina y con la modificación de la ley volvemos a pasos agigantados se retrocede en la humanización de los pacientes, tratándose como objeto y no como persona.

Paros en la salud

En el ámbito de la salud siempre garantizamos las guardias mínimas ante cada pero porque entendemos que la comunidad no debe pagar por las dificultades económicas ya sea del ámbito municipal, de los empleados debido a que hay personas que deben gestionar, otras que trabajar y quienes tienen que recibir la atención, entonces no podemos culpar a los pacientes pero sí pedimos acompañamiento. Los derechos laborales que se vienen a imponer ahora, son limitados y nos obliga a un 75% de las prestaciones habituales y se nota cada vez menos el derecho a huelga que tiene el trabajador, aún no está firme pero podría ocurrir.

También se prohíbe a cualquier sindicato hacer asambleas en horarios laborales pero es muy difícil juntar a toda la gente fuera del horario laboral porque siempre alguna persona quedara sujeta porque siempre el cuidado del paciente es primordial”.