El Gobierno consiguió el dictamen para el proyecto Malvinas y apunta al 12 de noviembre para la sesión

El oficialismo logró este miércoles emitir el dictamen de mayoría para la iniciativa de Defensa de la Soberanía Nacional, un proyecto impulsado fundamentalmente por el asesor presidencial Santiago Caputo que apunta a proteger los recursos naturales en las islas Malvinas y el Atlántico Sur. Tras negociaciones con los bloques aliados, el oficialismo fijó la fecha tentativa del jueves 12 de noviembre para debatir el texto en el recinto, aunque advirtieron que el cronograma podría sufrir modificaciones debido a la visita del papa León XIV al país.
La propuesta endurece las sanciones contra la explotación no autorizada de recursos renovables y no renovables en la zona austral. Incluye multas, suspensiones y la cancelación de habilitaciones para empresas, socios y proveedores. Ante las gestiones del subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, quien transmitió inquietudes a la administración nacional, se limitó el alcance de las penas a operadoras directas, licenciatarias, proveedores y accionistas principales, eximiendo a los inversores minoritarios y fondos indirectos.
Asimismo, el proyecto contempla la creación del Consejo de Seguridad Nacional, un organismo permanente presidido por el Presidente e integrado por el jefe de Gabinete, ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y Seguridad, además del titular de la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. Este cuerpo coordinará la estrategia de defensa y seguridad, y evaluará inversiones extranjeras en sectores estratégicos. A pedido de aliados como el diputado Eduardo Falcone, del MID, se sumó una Comisión Bicameral para auditar sus decisiones.
El dictamen también establece penas de cinco a doce años de prisión para quienes alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública bajo financiamiento extranjero, delimitando qué constituye una campaña de injerencia y exceptuando actividades diplomáticas, periodísticas o académicas. Pese a las modificaciones introducidas, sectores aliados firmaron con disidencias y advirtieron que reclamarán nuevos cambios en el articulado antes de la votación definitiva en la Cámara baja.